Un tercio de la población ocupada en la Región de Murcia depende de la construcción

albañiles en obraCien mil millones de pérdidas en el último año en la Región de Murcia.
La Verdad 14.03.08, por M.F.J.

Cambio de ciclo, desaceleración, incertidumbre en el sector económico... Éste es el panorama al que se han tenido y se tienen que enfrentar los promotores.

Y es que la coyuntura actual no es demasiado favorable para el sector. Las pérdidas a las que han tenido que enfrentarse los promotores murcianos en el último año son muy elevadas. «Había quien las valoraba en más cien mil millones de euros», apuntó López Rejas.

De lo que sí están seguros es de la pérdida de trabajos que esta crisis ha acarreado. «Más de 30.000 empleos directos se pueden ver perjudicados». O, según aseguró el secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, Manuel Martí, «2,3 empleos perdidos por cada vivienda que no se hace».

Hay que tener en cuenta que el sector de la construcción genera en la Región de Murcia unos 107.000 empleos directos y más de 100.000 indirectos, de un total de población ocupada de 630.000 trabajadores. «Es decir, aproximadamente, el 33% de la población ocupada depende directa o indirectamente del mantenimiento del vigor de nuestra actividad», aseguraron desde la Asociación de Promotores de la Región.

Trabas de la banca para devolver avales

Compra sobre plano

El Banco de España detecta trabas en la banca para devolver avales de pisos.
El País 18.08.08, por Luis Doncel

Los compradores protestan porque no pueden recuperar su dinero. La norma obliga a reintegrarlo si hay incumplimientos.

El supervisor ultima un informe desfavorable contra algunas entidades.

"El banco dice que su cliente es el promotor", se queja un afectado.

Los cambios de ciclo siempre deparan alguna sorpresa. La nueva coyuntura tiene el prodigioso efecto de convertir a muchos de los antiguos cazadores en cazados; y esto es lo que está ocurriendo tras el violento estallido de la burbuja inmobiliaria.

Antes, cuando los precios de la vivienda crecían a ritmos de escándalo, eran escasísimos los compradores que, ante algún incumplimiento de la promotora, rechazaban el piso a cambio de las cantidades entregadas. Pero la nueva situación ha convertido el dinero en efectivo en el bien más preciado. Con los precios de la vivienda a la baja -sumado a las expectativas de que caigan aún más en los próximos meses- y el Euríbor (el tipo de interés de referencia de la mayoría de las hipotecas) por las nubes, los clientes prefieren ahora recuperar su inversión... y ver si con ella pueden hacer una compra mejor.

Pero muchos de los que han ido a reclamar el dinero se han encontrado con una noticia desagradable. No sólo los clientes de Martinsa-Fadesa, que tras la suspensión de pagos de la primera inmobiliaria española han comprobado con estupor que la empresa de Fernando Martín se había saltado en muchos casos la obligación legal que tienen las empresas de formalizar un aval por cada cantidad recibida. Es que además están aumentando las quejas por los problemas que ponen las entidades financieras para devolver las cantidades entregadas.

El Banco de España reconoce que es la primera vez que recibe protestas por este motivo, y que su servicio de reclamaciones hará público el próximo mes de septiembre un informe desfavorable contra alguno de los bancos afectados. "Todavía estamos resolviendo los casos, pero la memoria concluirá que algunos bancos no han actuado con diligencia", añaden fuentes del organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

"Llevo más de tres semanas intentando que mi banco ejecute el aval por los 50.000 euros que adelanté para una plaza de aparcamiento que no he recibido en el plazo acordado. Todo lo que he encontrado en el banco son técnicas dilatorias". Quien habla es Pedro Echevarría, un madrileño que se fio de la utilidad del cambio legislativo que obligaba a las empresas a avalar el dinero que recibían a cuenta.

"La idea de esta normativa era dar seguridad a las compras sobre plano. El problema es que nadie preveía que con la crisis actual tantas inmobiliarias se quedarían sin dinero para pagar a los constructores; y que seríamos tantos compradores los que reclamaríamos la devolución. En el Banco de España me han dicho que han recibido muchas quejas parecidas y que lo único que podía hacer era demandar a mi banco. O eso, o montar un escándalo en la sucursal", asegura Echevarría.

El supervisor bancario, que rechaza detallar cuántas reclamaciones ha recibido en los últimos meses, es categórico a la hora de precisar en qué casos los bancos no pueden negarse a pagar: "La entidad bancaria tiene que preguntar a la promotora si ha incumplido algún punto del contrato, como los plazos de entrega. En caso afirmativo, la ejecución del aval tiene que ser automática". En cambio, si no hay incumplimiento, no hay obligación de devolverlo.

Fuentes del Banco de España citan casos en los que el banco o cajas de ahorros no se han puesto en contacto con las inmobiliarias para comprobar si el incumplimiento es real; y otros en los que no han actuado con la rapidez suficiente. Este periódico no pudo encontrar durante la semana pasada a ningún responsable de Asociación Española de la Banca que diera su versión.

La crisis del ladrillo late en el fondo de este fenómeno. Y es que si las asociaciones de consumidores reciben cada vez más quejas relacionadas con el dinero adelantado es porque ahora compensa que lo devuelvan. "Antes, la primera interesada en ejecutar el aval era la inmobiliaria. Tenía montones de personas a las que le podía vender el piso a un precio superior. Los consumidores aguantaban los retrasos y lo normal era un periodo de gracia de tres meses. Ahora las tornas se han dado la vuelta", explica un portavoz de la Asociación de Consumidores y Usuarios.

Entretanto, los compradores reclaman ahora un dinero que les pertenece, pero se resiste a volver a su bolsillo. Como Pedro Echevarría. "Lo último que me han dicho en la oficina del banco es que su cliente es el promotor, no yo. Y ya no sé qué hacer", concluye.

Doble mala suerte en Martinsa.

Abundan los tópicos sobre las desgracias, que nunca vienen solas, o que no hay dos sin tres. Lo malo es que a veces los tópicos se cumplen. Como en el caso de los que compraron un piso a Martinsa-Fadesa, que el pasado 14 de julio se declaró en suspensión de pagos. No bastaba con que muchos de ellos se hayan enterado ahora de que no hay ni rastro del aval obligatorio por el dinero que entregaron a cuenta. Algunos de los afortunados que sí lo tienen también están encontrando dificultades para cobrarlo.

Las decenas de quejas por este asunto que ha recibido la asociación de usuarios de banca Adicae proceden de clientes de la promotora caída, la más importante del sector. El vicepresidente de la asociación, Fernando Herrero, asegura que algunos bancos esgrimen el concurso de acreedores de Martinsa para no abonar las cantidades pagadas por promociones como la de San Mateo de Gállego, en Zaragoza. Y rebate el argumento de las entidades: "La ley es explícita. Siempre que se cumplan las condiciones, es obligatorio ejecutar el aval. Al margen de la situación de la empresa".

Bancaja y CAM, las más perjudicadas por Llanera

Bancaja, CAM, Deutsche Bank y Caja Sur acumulan el 44% de las deudas de Llanera.
ElMundo.es 22.04.08, EFE

El grupo valenciano Llanera tiene deudas contraídas con Bancaja, la CAM, Deutsche Bank y Caja Sur por valor de casi 120 millones de euros, lo que supone el 44% del pasivo al que debe hacer frente la empresa, que está sometida a un concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos).

Según el informe de los administradores concursales, Llanera adeuda un total de 74,64 millones a Bancaja y a su filial Banco de Valencia, lo que convierte al grupo valenciano en el principal acreedor.

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) es el segundo mayor acreedor de la inmobiliaria valenciana, con un total de 18,09 millones de euros, seguido por los 14,9 millones que ostenta Deutsche Bank y los 12,08 millones de Caja Sur.

Estas cuatro entidades tienen repartidas sus deudas entre las tres principales compañías del grupo valenciano -Llanera Inmobiliaria, Llanera Construcciones y la matriz Llanera-, aunque también entre el resto de empresas: Aldalondo, Descans Les Marines y Patrimoniall Arenall.

El grupo acumula unas deudas de 269 millones de euros, frente a unos activos de 304 millones, aunque varias sociedades del grupo han arrojado déficit patrimonial (Llanera Construcciones, Aldalondo y Descans Les Marines).

Según los expertos en insolvencias, los proveedores y entidades financieras más afectadas serán las vinculadas con las empresas del grupo que tienen más pasivo que activo, dado que previsiblemente no recuperarán la totalidad de las cantidades que les adeudan.

Llanera Construcciones, la sociedad más afectada, con un déficit de 37,18 millones de euros, debe dinero al grupo Bancaja, a la CAM, a Deutsche Bank y Caja Sur, mientras que Aldalondo sólo mantiene deudas con Bancaja, y Descans Les Marines, con la filial Banco de Valencia.

Los administradores concursales constatan que la pérdida de confianza de las entidades y de los proveedores hacen "muy dudosa" la viabilidad de Llanera Construcciones.

Sin embargo, consideran que la viabilidad de Llanera como promotora "pasa ineludiblemente por el apoyo de las entidades financieras tanto a corto plazo, por ejemplo en la financiación de circulante, como a largo plazo, en la refinanciación de las deudas hipotecarias principales".

Además, consideran necesaria una reestructuración empresarial a todos los niveles que permita cesar en las actividades no rentables del grupo y que permita la continuidad del resto.

Foto: ElEconomista.es

Gómez de Liaño, Prisa, magistrados contaminados y Estrasburgo

Gómez de Liaño: “PRISA me agredió mucho en mi vida profesional, personal y familiar”.
El Confidencial 23.07.08, por Daniel Forcada

El ex juez Javier Gómez de Liaño respiró ayer, al fin, tranquilo. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acaba de reconocer que el suyo no fue un juicio justo e imparcial y que los magistrados que le condenaron por prevaricación en el Caso Sogecable presentan serias dudas en su actuación. El ex juez, que fue indultado por el Gobierno de Aznar y que trabaja ahora como abogado, considera “lamentable” que Estrasburgo tenga que enmendar los errores de la justicia española.

¿Satisfecho con la sentencia?
Creo que técnica y juridicamente es una sentencia espléndida. Tiene un razonamiento sobre el juez imparcial y recoge muchos de los principios que habíamos expuesto en la demanda. Tiene también un componente triste que es la condena a un estado como España, al Tribunal Supremo y al Constitucional. Hay también una parte personal, pues la sentencia de Estrasburgo supone el punto final a una década muy dolorosa. Desde el primer momento tenía la intuición de que los dos magistrados contaminados del Tribunal Supremo no iban a hacer otra cosa que condenarme. Se ha demostrado que tenían un enorme prejuicio hacia mí, tenían un objetivo muy claro: condenarme en contra del criterio del fiscal y del magistrado ponente.

En cambio, ningún medio del Grupo Prisa ha informado este martes sobre su caso…
No es un indicio de buen periodismo, porque PRISA fue en su día de lo más virulento conmigo. Agredió mucho mi vida profesional, personal y familiar. Recuerdo que un periodista me llegó a decir que tenía contabilizados todos los editoriales publicados por El País en mi contra, 67 ó 68, una barbaridad. Este silencio, por tanto, me ha sorprendido.
Yo soy suscriptor del diario y lo leo todos los días: no me parece un comportamiento correcto. Tampoco quiero darle mucha importancia, hay que echar pelillos a la mar y mirar hacia el futuro, que ofrece un panorama lleno de gozo.

Con el tiempo transcurrido, ¿cómo valora la actuación del Gobierno de Aznar, que le ofreció el indulto, o la actitud de los jueces que le traicionaron?
No estoy acostumbrado a valorar el comportamiento y la actitud de los políticos. En su día agradecí el indulto del Gobierno de Aznar porque lo entendí como otra forma de hacer justicia, pues daba a entender que conmigo, los tribunales no la habían tenido. En el Caso Sogecable, mi comportamiento fue siempre correcto, como en todos los demás casos que había llevado hasta entonces. El mío ha sido un comportamiento homogéneo que no gustó a alguien, ya se puede imaginar usted quién, y que con su Grupo inició una batalla muy dolorosa contra mí. Y contó para ello con la ayuda, al menos, de dos magistrados del Tribunal Supremo, los dos, por cierto, ya jubilados (Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo Zapater).

¿Esta sentencia es un consuelo suficiente para reparar su imagen?
De sobra, estoy más que conforme. Lo que es muy lamentable es que los ciudadanos españoles tengan que acudir a Estrasburgo porque en España no encuentran justicia y que sea este Tribunal el que enmiende los errores judiciales de nuestro país. Cuando un ciudadano sospeche de un juez, no hay porqué insistir en él, hay jueces de sobra. No pasa nada porque entren otros jueces y se limpie de paso la imagen de la justicia.

¿Está la justicia de nuestro país enferma?
Yo siempre digo que está en un estado delicado de salud, pero tantas veces se cae como tantas veces se levanta, porque en España hay grandes jueces. Pero dentro de las 4.000 personas que forman ese colectivo, hay algunos que juegan a otra cosa que no es ser juez. Un juez lo es para siempre.

Foto: NAN

Bancaja y CAM aumentan las precauciones en la concesión de financiación tras el caso Llanera

Llanera acumula unos 120 millones en créditos con CAM y Bancaja.
información.es 03.10.07, por Jorge Fauró

Las dos grandes cajas de la Comunidad aumentan las precauciones en la concesión de hipotecarios y de préstamos a las inmobiliarias.

La suspensión de pagos solicitada por el grupo inmobiliario valenciano Llanera ha sorprendido a las dos grandes cajas de ahorros de la Comunidad (Bancaja y CAM) con créditos pendientes de cobro por un valor aproximado de unos 120 millones de euros, según estiman fuentes financieras.

A los 92 millones en riesgo que Bancaja reconoce acumular con la inmobiliaria, se suman préstamos con la CAM en torno a otros 30 millones, calculan en la caja.

Precisamente, la inmobiliaria intentó hasta última hora renegociar sus créditos con ambas entidades de ahorro para evitar la suspensión de pagos, pero una y otra desestimaron la solicitud a la vista de los problemas financieros de la compañía.

Su endeudamiento al término de 2006 ascendía a 748 millones de euros, según la prensa económica. En lo relativo al volumen de créditos vivos con la banca, Llanera tiene en el banco de inversión Lehman a su principal acreedor, con préstamos estimados en 154 millones.

La crisis derivará en una regulación de empleo que afecta al 60% de la plantilla de la compañía y en la paralización de obras en varias poblaciones, entre ellas, Madrid y Catarroja.

La situación por la que atraviesa el grupo valenciano se produce en mitad de un proceso de rápida desaceleración del sector provocado por la subida de los tipos de interés y el descenso del mercado de la vivienda. En el caso concreto de Llanera, a tales circunstancias se une, además, la imposibilidad de desarrollar varios planes urbanísticos, lo que ha frenado la entrada de ingresos.

En este escenario, las entidades financieras afectadas por la suspensión de pagos no ocultan su preocupación, pero consideran que el caso de Llanera es reversible y no puede extrapolarse a todo el sector. Hay, de hecho, empresas del ladrillo que, en el caso de la CAM, mantienen créditos vivos hasta 10 veces por encima de suscritos por Llanera.

En cualquier caso, CAM y Bancaja han dado órdenes a sus sucursales de que aumenten las precauciones en la concesión de créditos, tanto en los casos de particulares con pretensión de firmar un hipotecario, como en los de empresas necesitadas de créditos para acometer promociones inmobiliarias. Fuentes de la CAM aducen que este «endurecimiento» de las condiciones «no sólo es aplicable a nosotros, sino a toda la banca. La diferencia con periodos anteriores es que las solicitudes de créditos se analizan muy bien y se gestionan con el rigor que requiere la actual situación». La firma de calificación Moody's alertó ayer del riesgo inmobiliario de cinco cajas españolas, entre las que no se encuentran las dos grandes de la Comunidad.

Foto (Carles Francesc): Fachada de la inmobiliaria Llanera en Valencia

El juez Urquía, vinculado a una estafa millonaria en Marbella

ElPaís.com 08.02.08, por J. Viúdez, J. M. Arroyo

El titular del juzgado de instrucción número 11 de Málaga, Juan Antonio Barroso, ha vinculado al ex magistrado de Marbella Francisco de Urquía con un "plan perfectamente diseñado" tanto por el propio Urquía como por un empresario marbellí, entre otras personas, "cuya finalidad sería la obtención de ocho millones de euros en una cuenta en Suiza".

El juez Barroso, en un auto emitido el pasado 19 de diciembre, en el que ordenaba prorrogar las escuchas telefónicas de la Guardia Civil sobre los supuestos implicados en la trama, relata cómo el editor marbellí Igor Mier ejerció de conseguidor para lograr que se levantara el embargo que pesaba sobre el hotel Puente Romano. Este establecimiento estaba intervenido judicialmente en la operación Hidalgo contra el blanqueo de capitales, instruida en abril por el juez Urquía, quien en medio de la instrucción fue suspendido de su cargo tras descubrirse que supuestamente había recibido pagos del cerebro de la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, actualmente en prisión.

Mier pedía por sus gestiones con sus "amigos de Madrid" -el juez Barroso entiende que bajo está denominación se esconde el juez Urquía- cantidades entre 5,4 y ocho millones de euros al representante hotelero. Lo que no sabía Mier, editor de la revista de lujo Social Life, es que el hotelero actuaba como testigo protegido de la Guardia Civil.

Para lograr sus objetivos, según los investigadores, Mier se apoyaba presuntamente en su amistad con Urquía, quien a pesar de estar apartado del juzgado, tenía la esperanza de ser reintegrado en poco tiempo al mismo. Además, se mantenía al corriente de lo que sucedía en su antiguo juzgado a través de una funcionaria, llamada Marisa Álvarez, según recoge el auto.

Al versar la investigación sobre un magistrado, el juez Barroso no era competente para llevar la instrucción de este supuesto caso de estafa al empresario hotelero. Debía haberse inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Por esta razón, el alto tribunal andaluz ha declarado nulas de pleno derecho todas las escuchas practicadas al juez Francisco de Urquía, tanto las salientes de su teléfono como las entrantes desde otros terminales.

En las escuchas insertadas en el auto, algunas anuladas por el TSJA, Mier, Urquía, el amigo de éste, Arnaud Fabrice Bouhair, y el administrador judicial del hotel nombrado por Urquía cuando instruía el caso Hidalgo, se cuidan mucho de dar pistas de sus actos. De hecho, son conscientes de que sus teléfonos están siendo intervenidos.

Sin embargo, el juez Barroso cita una conversación entre Urquía y Mier "presuntamente relacionada con el contrato de compraventa" de la revista Social Life "con el que se pretende ocultar la operación". Además de estafa, el juez Barroso ve indicios de cohecho, extorsión, prevaricación y revelación de secretos.

Foto (EFE): El juez Francisco de Urquía

Solbes ayudó a que La Caixa se salvara de pagar 60.000 millones al prescribir su delito fiscal

La Caixa se salva de pagar 60.000 millones por las primas únicas.
El Mundo 19.01.97

La entidad catalana es la más beneficiada de la prescripción del delito fiscal para 600 expedientes - La caja se comprometió a pagar 30.000 millones tras la retirada de un recurso - La no presentación del recurso la liberó de pagar 20.000 millones.

El ex ministro Solbes retiró en 1994 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo argumentando que estaba «abocado al fracaso procesal».

De los 200.000 millones de deuda tributaria que Hacienda no podrá cobrar al haber prescrito el delito fiscal en 600 expedientes, 60.000 millones tienen un único beneficiario: La Caixa.

Esta cantidad se corresponde con las retenciones no efectuadas por la entidad durante varios ejercicios (además de las sanciones y los intereses de demora que en su día se aplicaron por parte de la Inspección) en los rendimientos de diversos productos financieros, que globalmente se denominaron primas únicas.

La Caixa llegó a tener a finales de la década de los 80 más de un billón de pesetas de recursos ajenos nominados en primas únicas, en cualquiera de sus modalidades. La legislación permitía entonces comercializar seguros sin retención fiscal, lo que propició el nacimiento de unos productos que, en la práctica, eran cuentas a plazo fijo, pero que formalmente eran comercializados como seguros para escapar de las retenciones.

Hacienda consideró que se estaba produciendo fraude al Fisco en un doble sentido: por un lado, la entidad financiera no aplicaba las correspondientes retenciones; por otro, el contribuyente no declaraba sus rendimientos. El rápido crecimiento de las primas únicas puso de manifiesto que eran un vehículo ideal para canalizar el dinero opaco al Fisco.

Hacienda y La Caixa se enzarzaron durante varios años en un debate legal sobre la naturaleza de las primas únicas. La Inspección levantó miles de actas que elevaron la deuda tributaria de la entidad a unos 120.000 millones.

El anterior Gobierno y la entidad financiera comenzaron a negociar la solución al conflicto en 1993. Dicha negociación tuvo como marco de referencia el pacto del PSOE y CiU tras las elecciones del 6 de junio de 1993, en las que los socialistas perdieron la mayoría absoluta y se vieron obligados a gobernar con el apoyo de los nacionalistas catalanes.

La Caixa, favorecida.

Como consecuencia de esas negociaciones, el Gobierno anterior retiró en 1994 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra una sentencia de la Audiencia Nacional en relación a las primas únicas de La Caixa. Esa decisión eximió a La Caixa del pago de 20.000 millones de pesetas, que era la deuda tributaria estimada por un expediente levantado por Hacienda en 1985.

La actitud del Ministerio de forzar un pacto con La Caixa provocó disensiones internas en Hacienda. La renuncia del director de la Agencia Tributaria, Abelardo Delgado, coincidió en el tiempo con el contencioso.

En aquel tiempo, y tras descubrirse la retirada del recurso, el Ministerio de Economía y Hacienda lo justificó esgrimiendo «las nulas posibilidades de éxito» y por el «respeto al elemental principio de seguridad jurídica» de La Caixa. Hacienda insistió en que «la Administración Pública no puede ni debe sostener recursos jurisdiccionales abocados al fracaso procesal».

Posteriormente, y tras la retirada del recurso que afectaba a una pequeña parte de las primas únicas, Hacienda reclamó a La Caixa el pago de 39.000 millones de pesetas en concepto de liquidación por las retenciones no satisfechas de la libreta 2.000 SM, una de las modalidades de ese producto financiero emitidas por la entidad catalana de ahorro.

Según datos aportados por La Caixa en octubre de 1994, de esa cifra, 29.000 millones correspondían a las cuotas por retenciones no ingresadas al Fisco y 10.000 millones a los intereses de demora.

Esta liquidación, según La Caixa, se refería a todas las modalidades de primas únicas excepto a la KD-UK, sobre la que pesaba una sanción superior a los 21.000 millones. Es decir, en total los 60.000 millones que han prescrito. La Caixa se comprometió a pagar 30.000 millones a Hacienda, pero, a cambio, el Gobierno no recurrió por la vía judicial los contenciosos de La Caixa, en contra de los criterios de la Fiscalía del Estado. Como se ha sabido ahora, La Caixa también se benefició del criterio sobre la prescripción del delito fiscal que tenía Hacienda.

Foto (EFE '07): Solbes, junto al actual director general de La Caixa, Isidre Fainé, en Barcelona


Contra la gabilondización de la crisis

Cuatro, Prisa y el documental "Construcción. Se acabó la fiesta”.

Reconozco que cuando decido anestesiarme y lobotomizarme viendo la televisión, muchas veces, entre lote de anuncios y lote de anuncios, encuentro más calidad y frescura en los programas de Cuatro que en la oferta de las cadenas de la competencia. De entre todas las cajas tontas, a menudo Cuatro me parecía la menos tonta, si bien me he cuidado siempre de evitar -por higiene mental, fundamentalmente- sus programas más tendenciosos. Lo cierto es que prefería entretenerme con House –aunque como buen hipocondríaco la serie acabó por darme mal rollo-, The Closer, Callejeros y hasta su Noche Hache –pasándola por el tamiz de su parcialidad política- antes que castigarme con las siempre predecibles series en las que Emilio Aragón-Globomedia (y ahora también La Sexta) exprime todos los recursos y tópicos de las series norteamericanas más memas, lo cual es incluso preferible a la zafiedad de los realities casposos del Imperio La Trinca-Sardá-Gestmusic que ahora son el sello de identidad, tomando el relevo a las Mama Chicho, de la cadena del telecirco. Por cierto, ambas productoras también tienen una pequeña presencia en Cuatro para aportar a la cadena su granito de arena –o de estiércol televisivo, para hablar con más propiedad-.

En la madrugada del sábado 16 de agosto, el canal de televisión Cuatro del Grupo Prisa emite el documental “Construcción. Se acabó la fiesta”, que creo recordar que ya emitió en otra ocasión.

En el documental pasaron por alto algunos detalles importantes:

- Si hubo fiesta, no fue inmobiliaria.

- Si se celebró alguna fiesta en el sector inmobiliario, fue una fiesta VIP organizada por la banca para las grandes inmobiliarias a la que la el resto del sector no estábamos invitados.

- Mientras los ciudadanos celebramos el velatorio de una economía en crisis, los consejeros de la banca y las grandes inmobiliarias, sobradamente blindados, se pueden permitir seguir con su fiesta.

- Continúa la orgía de poder y beneficios de las grandes corporaciones de sectores que no son precisamente el de la construcción: energía, telecomunicaciones, farmacéuticas, distribución alimentaria, armamentísticas, etc., sin olvidar imperios mediáticos como el Grupo Prisa responsable de la emisión del documental.

Si hubo fiesta, fue "bancaria".

El título del documental “Construcción. Se acabó la fiesta” es bastante desafortunado y no creo que sea por desacierto de sus autores sino por su interés propagandístico para manipular a una audiencia aturdida y desconcertada por una crisis que hasta hace bien poco se nos ha venido negando desde el gobierno del color que más ha apoyado al Grupo Prisa.

Si en los años de crecimiento económico hubo alguna fiesta, la verdadera fiesta fue bancaria. Quienes nos hemos molestado en informarnos sobre la crisis más allá de donde nos quieren contar las televisiones, sabemos que el origen y la naturaleza de la crisis no hay que buscarla en la construcción, sino en la voracidad de la banca.

El autor de la mejor explicación de la crisis subprime, el profesor Leopoldo Abadía Sr., en su artículo “La crisis ninja”, advierte que “el Crack del 29, comparado con la actual crisis financiera, es un juego de niñas en el patio de recreo de un convento de monjas”.

La banca para aumentar sus beneficios utilizó recursos y artificios tan imaginativos como peligrosos porque constituían una grave amenaza no sólo para la propia banca, que ahora tiene que afrontar una seria falta de liquidez, sino para todos los sectores de la economía en general. La amenaza ya se ha cumplido desde el momento en que la falta de liquidez de la banca se ha traducido en un tijeretazo a todas las operaciones de financiación a las empresas y a las familias.

Qué duda cabe que el sector más perjudicado por el tijeretazo bancario es el inmobiliario, ya que la banca no sólo se niega a financiar o sencillamente a renovar la financiación a los promotores, sino que incluso les sabotea cualquier posibilidad de recuperar liquidez mediante la venta de sus productos –las viviendas- al oponer todas las dificultades y resistencias posibles a las familias para la obtención de préstamos hipotecarios con los que financiar la adquisición de una vivienda.

Desinformar quedándose con la anécdota.

El documental de Cuatro pretende que la audiencia identifique el sector de la construcción con la imagen anecdótica de casos como el de El Pocero, que es el caso que se presenta en el documental como un referente de la naturaleza, las prácticas y la trayectoria del sector.

Quienes conocemos desde dentro el sector inmobiliario sabemos que los casos como el de El Pocero no son representativos del sector, porque no constituyen en absoluto los casos más habituales, sino sólo los anecdóticos, los que más llaman la atención por ser en sí mismos escandalosos. En Murcia todos tenemos en mente media docena de casos similares, pero frente a estos casos de portada de prensa existe la realidad de miles de pequeños y medianos promotores inmobiliarios para los que, si ha habido fiesta, a ellos no les han invitado.

Sí que es cierto que en estos últimos años han sido de fiesta de crecimiento y beneficios disparatados para las grandes empresas de la construcción, participadas en muchos casos por grandes capitales procedentes de otros sectores, incluida la banca. Pero para miles de pequeños y medianos promotores no hubo ninguna fiesta, sino sencillamente prosperidad y desarrollo, objetivos que deberían ser tan legítimos en este sector como en cualquier otro.

Es un despropósito llamar fiesta a la prosperidad de la que se pudieron beneficiar no sólo miles de pequeños y medianos promotores inmobiliarios, sino también miles de empresas y profesionales autónomos pertenecientes o no al sector que pudieron beneficiarse de manera más o menos directa de la buena marcha de la construcción, además de todos los trabajadores que se pudieron emplear en los muchos puestos de trabajo generados por esta bonanza y que ahora hacen cola en la oficina de empleo. De esta bonanza también se beneficiaron directamente otros sectores que ahora maldicen el sector, desde la banca hasta la administración pública, porque la administración central y las administraciones locales recaudaron más que nunca y la tesorería de la seguridad social recuperó su salud y hasta engordó.

Si a la prosperidad la llaman fiesta, creo que todos preferimos vivir en fiesta que malvivir en el velatorio de una economía en crisis.

De fiestas, orgías y vacanales.

Hubo fiesta para las grandes empresas de la construcción, participadas en muchos casos por grandes capitales procedentes de otros sectores, incluida la banca que ahora no tiene escrúpulos para negarle la financiación a los mismos pequeños y medianos promotores a quienes antes perseguía en busca de negocio.

La fiesta continúa para los consejeros de los bancos y cajas de ahorros que propiciaron la crisis y para los consejeros de las grandes inmobiliarias que aprovecharon la coyuntura para disparar su facturación y beneficios.

Aunque la banca esté acusando ahora la falta de liquidez y aunque estamos asistiendo a la caída de algunas de las grandes inmobiliarias, no se nos escapa que tanto los consejeros de la banca que propició esta crisis como los consejeros de esas grandes inmobiliarias se pueden permitir seguir de fiesta, aunque para que no se descubra su desvergüenza ahora les tocará ser más discretos, cerrar las cortinas y bajar la música.

Aquí las únicas víctimas son los antiguos trabajadores de las inmobiliarias caídas que ahora hacen cola en la oficina de empleo, las familias que les entregaron sus ahorros y ahora no tienen ni vivienda ni ahorros, el resto de los acreedores y hasta los pequeños accionistas. Los protagonistas de la borrachera de crecimiento y beneficios desemedidos ya se blindaron bien para los tiempos de resaca.

Mientras que la crisis financiera acabó con la "fiesta" de la construcción, la fiesta con la que la crisis no va a acabar es con la orgía de poder y beneficios de las grandes corporaciones: energía, telecomunicaciones, farmacéuticas, distribución alimentaria, armamentísticas, etc., sin olvidar imperios mediáticos como el Grupo Prisa.

Simplificaciones tendenciosas.

El documental apunta a la simplificación:

Construcción = especulación, pelotazo, malas prácticas.

Si utilizáramos el mismo criterio de simplificación, tendríamos que dar por buenas las siguientes simplificaciones:

PSOE = crisis vs. PP = prosperidad.

Solbes = Crisis, en 1992 y en el 2008.

PP = viviendas caras, pero accesibles para muchos vs. PSOE = viviendas depreciadas, pero inaccesibles para todos.

Afortunadamente, la mayoría de los ciudadanos no nos conformamos con lo aparente y sabemos que la realidad es mucho más compleja que todo eso. No se nos escapa que ningún partido político se atrevió en su día a alzar la voz para denunciar las peligrosas maniobras de la banca, seguramente porque todos los partidos políticos están cautivos por su propia deuda con la banca, y que ningún partido político tiene una fórmula mágica para resolver la crisis.

No obstante, ello no significa que los ciudadanos nos tengamos que resignar y callar cuando asistimos a que la gestión de la crisis por parte de nuestro gobierno dista mucho de ser eficaz.

Intoxicación propagandística para distraernos de la parálisis e ineficacia del gobierno.

Culpar de la crisis al sector inmobiliario y decir que el sector ha estado de fiesta en los años de prosperidad, constituye una falacia en la misma línea propagandística alimentada por el gobierno del color que más ha favorecido al Grupo Prisa.

Muy lamentablemente para los ciudadanos, nuestro gobierno se equivoca una y otra vez en la gestión de la crisis y de poco le va a servir toda su propaganda cuando ya afrontamos la cruda verdad de las hipotecas, las colas del paro y la caída del consumo.

Desde el gobierno, primero intentaron esconder la gravedad de la crisis tras el juego de palabras “desaceleración económica”. Creo que ya tenemos claro que si nuestro presidente nos tuviera que anunciar una tragedia nuclear como la de Chernobil nos diria algo así como “ha ocurrido un accidente puntual y localizado, pero en estos momentos nos conviene mantener la serenidad y no caer en alarmismos porque yo les garantizo que este gobierno está trabajando para que muy pronto la situación pueda volver a la más absoluta normalidad”. Si en Estados Unidos un presidente válido no consiguió recuperar la confianza de la ciudadanía después de haberles mentido al negar su affair con la rolliza becaria, no sé cómo deberíamos tomarnos aquí esta irresponsable negación por parte de nuestro presidente de una realidad tan obvia –y que va a afectar tan duramente a nuestras economías-.

En su defensa dijo que había que que dar un mensaje optimista a los agentes económicos porque nadie se querría subir a un barco gobernado por un pesimista, pero, señor presidente, yo prefiero los riesgos de quedarme en tierra antes que embarcar en una nave condenada a la deriva por las mentiras o el optimismo irresponsable de su capitán.

Después parecía que lo más importante no era gestionar la crisis para que hiciera el menor daño posible sino desvincularse de sus causas. Todos los mensajes buscaban poner énfasis en su alcance internacional –ya lo dice la sabiduría popular: “mal de muchos, consuelo de tontos”- e identificar a los culpables fuera de nuestras fronteras en las hipotecas subprime, la crisis energética, la crisis alimentaria, etc. Como si a los ciudadanos nos importara más el análisis que la solución. No creo que a mi banco, cuando al final me toque retrasarme en el pago de la hipoteca, me acepte la excusa de la crisis energética y sospecho que lo de las hipotecas subprime mejor que me lo calle.

Más tarde, nuestro Ministro de Economía –y recuerdo muy bien las declaraciones del Señor Solbes, por la insultante indolencia que demostraba apoltronado en su sillón- justificaba su pasividad asegurándonos que no era recomendable que el gobierno interviniera porque los propios mecanismos de mercado se ocuparían de ajustar la situación. Parece que importa poco si el mercado para hacer su ajuste necesita llevarse por delante a la economía de millones de españoles, cuando el mismo ajuste se podría suavizar con un plan de choque eficaz que al menos nos hiciera la crisis más llevadera a los millones de españoles que ya la sufrimos.

Luego vino la asunción de la crisis y la complicidad de los sindicatos con el gobierno para asegurar que la crisis era culpa de un modelo económico equivocado en el que el crecimiento se había basado en el sector de la construcción, pero que el sector industrial, debidamente apoyado, tomaría el relevo de la construcción y absorbería a los desempleados de la construcción. Esto, a día de hoy, y con los datos que tenemos -en junio la industria ya demostró su fracaso como nuevo motor de la economía al desplomarse un 9%-, sería un chiste, si no fuera porque los únicos que se ríen son los políticos y los dirigentes sindicales mientras que para la mayoría de los ciudadanos su chiste es nuestro drama.

Finalmente, tenemos las cortas medias recogidas en los planes del gobierno para afrontar la misma crisis que hasta hace poco nos negaban. Medidas inútiles, ineficaces, insuficientes y que no resuelven nada en el corto plazo. Así han calificado las medidas el gobierno del PSOE todos los partidos del resto del espectro político.

La reacción del gobierno para afrontar la crisis es como para que el ciudadano se preocupe y hasta se alarme: a la negación del problema le sigue la apatía y la pasividad y luego la torpeza y la ineficacia.

No pido un cambio de gobierno, no sea que vayamos a complicar aún más las cosas, al fin y al cabo la crisis preocupa igual de poco a las familias Solbes, Pizarro, Montilla, Chaves, Carod o Llamazares. Sólo exijo a los políticos de todo el espectro ideológico que por una vez se ganen el sueldo y cambien el electoralismo por el sentido de la responsabilidad porque con un poco de consenso y un mucho de sentido común pueden suavizar y hacernos más llevadera esta crisis y devolvernos mucho antes a la recuperación económica.

Gobierno y sindicatos, muy equivocados: la industria no toma el relevo

La industria fracasa como nuevo motor de la economía y se desploma un 9% en junio.
ABC.es 07.08.08, por Cristina Jiménez Orgaz

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer el Índice de Producción Industrial -IPI- que registró una caída del 9,5% en junio con respecto al mismo mes de 2007 y un 9% al descontar los efectos de calendario. Como si la economía hubiera retrocedido en el tiempo, y las inversiones y el esfuerzo realizado en más de una década no contaran, el dato es espejo de las cifras de la crisis que atravesó España en 1993, considerada hasta ahora una de las más duras.

El frenazo inmobiliario, los despidos masivos en la actividad y un sector de la construcción agónico, piden a gritos un relevo que tire del crecimiento español. Pero los datos se empeñan en demostrar que no será la industria la que se haga cargo de esta tarea y la pérdida de dinamismo se evidencia mes tras mes. Así, el descenso acumulado en los seis primeros meses de 2008 alcanza ya el 3,1% y la tasa media se sitúa en el 2,8% menos, una vez descontados los efectos de calendario.

Por destino económico de los bienes que se producen, los datos son variados. Así mientras los bienes intermedios retroceden un 11,9% interanual, los de equipo lo hacen en una tasa del 10,2% y en un 8,9% para los bienes de consumo (-20,2% para los bienes de consumo duradero y un - 6,7% para los bienes de consumo no duradero). Sólo la energía registra avances del 2,1% respecto a junio del año anterior.

Si son necesarios dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo del PIB para declarar que técnicamente estamos en recesión, al menos en lo que a producción industrial se refiere este requisito está cumplido. Según los datos del INE en el primer trimestre el IPI cayó un 0,2% y en el segundo el descenso ha sido mayor, ya que de en abril la producción creció un mínimo 0,2%, mientras en mayo caía un 5,8 y en junio el desplome fue del 9%, el peor dato en 15 años.

Destinado a medir la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción, el retroceso de este indicador registrado en junio se ha generalizado en todas las comunidades autónomas. Las más afectadas han sido Castilla y León que registró la mayor caída, con un 16,8%, seguida de Asturias, con un 16,6% y de Cataluña que acumula un 14%menos. Navarra es la única comunidad que tiene signo positivo, con un 0,1% en el primer semestre del año.

El IEE advierte sobre la crisis.

El responsable del Área de Finanzas Corporativas del Instituto de Estudios Económicos, Manuel Colinas, advirtió hoy de que la caída del 9% de la producción industrial en junio «es especialmente preocupante porque evidencia que la crisis económica va más allá del sector de la construcción».

En declaraciones a Servimedia, Colinas indicó que dicha cifra pone en duda que el resto de la economía «esté tan sana» como viene defendiendo el Gobierno. «Es un dato muy negativo que revela que la inflación empieza a tener efectos de segunda ronda», agregó Colinas, quien señaló que la caída de más de un 20% en los bienes de consumo duradero «es un síntoma a tener en cuenta». Finalmente, pidió al Gobierno que ante esta nueva cifra negativa no espere más a tomar medidas y citó específicamente la demanda de rebajas fiscales.