El nuevo plan anticrisis: insuficiente para todos, satisfactorio para nadie

Reacciones al nuevo plan anticrisis: "una aspirina para un enfermo que precisa cirugía".
El Mundo, 14.08.08

Críticas por su largo plazo.

- La patronal pide liberalizar el mercado y energía nuclear.
- El PP recomienda contener el gasto público.
- CiU advierte del largo plazo del paquete de medidas.
- BNG e IU critican la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.

Los partidos de la oposición y los empresarios piensan que las 24 nuevas medidas aprobadas por el Gobierno para afrontar la crisis llegan tarde y mal. Las dudas en cuestiones como liberalizar el mercado y la energía nuclear han sido algunas de las críticas recibidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, y vicepresidente de CEOE, Jesús Bárcenas cree que el plan es insuficiente. Aunque el Gobierno "se ha asomado a la calle", la patronal considera que faltan medidas "más ambiciosas para liberalizar la economía" e impulsar la competitividad.

"Echamos en falta más medidas fiscales", así como "una apuesta clara por la energía nuclear". En todo caso, desde la patronal instaron al Gobierno a aplicar de manera urgente las medidas aprobadas.

El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, ha calificado de "refrito desafortunado" las medidas del Gobierno. El portavoz señaló que, a diferencia de lo que sostiene Zapatero, "España es el país europeo que más acusa la crisis económica".

Montoro ha recomendado al Gobierno moderar el gasto público de forma que su aumento no pase del 2%, tal y como, en su opinión, requiere una etapa de desaceleración económica.

Por su parte, CiU ha lamentado que las medidas económicas presentadas por el Gobierno no constituyan el "plan anticrisis" que necesita la economía española, sino que son "como una aspirina para un enfermo muy grave que requiere una intervención quirúrgica de urgencia".

El portavoz de Economía y Hacienda de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, consideró que estas medidas "vienen a ser una mera copia de las ya planteadas por Zapatero en distintas intervenciones".

En su opinión, muchas de las propuestas del Gobierno no son efectivas para afrontar la situación económica actual en la medida en que "se aplicarán a muy largo plazo".

Asimismo, el portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, ha considerado "insuficientes" las medidas porque "en lugar de atender a la mayoría social; el Gobierno lo que hace es beneficiar a los rendimientos más altos con la aprobación de la supresión del impuesto sobre el patrimonio que sólo pagan los contribuyentes que tienen un patrimonio superior a 600.000 euros".

De esta opinión es el coordinador general de IU (de Asturias, Jesús Iglesias, quien denunció que Zapatero "protege a los que más tienen". "Tras meses negando la realidad", Zapatero reconoció que "esperan tiempos difíciles" y ha optado por "aplicar el programa de la derecha", agregó.

Crisis no "inmobiliaria", sino "de liquidez bancaria"

Los promotores creen que no hay crisis inmobiliaria, sino financiera.
laverdad.es, 15.08.08
Marta F. Jiménez

López Rejas confirma que en la Región se gestionan proyectos para 120.000 nuevas viviendas.

¿Quién hablaba de crisis inmobiliaria?. Quien lo hiciera estaba equivocado. O por lo menos eso es lo que aseguran desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, y la de Promotores y Constructores de España (APCE).

Y es que, según ellos, la demanda sigue existiendo y con ella la ejecución de proyectos. Según confirmó el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, José López Rejas, en estos momentos en la Comunidad Autónoma «se están gestionando proyectos para 120.000 viviendas, a parte de las que se realizarán vía convenio».

¿Entonces hay crisis? Y las dos asociaciones volvieron a coincidir en la respuesta. Sí, pero no inmobiliaria sino «de liquidez de las entidades de crédito». Y el presidente de la APCE, Manuel Martí, fue más allá y apuntó a economías emergentes como China o India como causantes de esta situación financiera. «El despertar de estos países ha hecho que demanden masas ingentes de recursos para financiar su crecimiento». López Rejas confirmó que en las entidades financieras se ha producido un cambio de situación. «Si antes todos se disputaban un trocito del pastel de las promociones inmobiliarias, hoy algunas entidades tienen cierta voluntad de renunciar a su trozo, en la idea de que sean otras las que lo asuman».

Cambios de hábitos.

Y es esta crisis financiera la que está haciendo que los ciudadanos cambien sus hábitos a la hora de decantarse por una u otra vivienda. Ahora se buscan casas de menor tamaño para poder ajustar el precio a los metros cuadrados de la casa. «La mayor parte de la demanda es de pisos de entre 55 y 70 metros cuadrados de superficie», aseguró Martí, quien confirmó que España tiene un parque de viviendas de 24 millones de unidades y mantiene una demanda anual de «no menos» de 300.000 nuevas casas ya que, según los cálculos que maneja la Asociación, «cada año se forman 200.000 nuevas familias y se producen unas 100.000 rupturas».

El presidente de los promotores murcianos explicó que la crisis económica por la que atraviesa España les da la razón cuando defendían «que no había burbuja inmobiliaria» y confirmó que los aumentos demográficos de la región por la natalidad y la llegada de inmigrantes, aseguran la demanda en el futuro.

La banca en busca de liquidez

Las mil y una formas de financiarse.
Expansión, 16.06.08
Daniel Badía y Michela Romani

Ampliaciones de capital, emisiones de deuda, captación masiva de pasivo... Las entidades agotan casi todas las vías posibles de financiación para captar liquidez tras más de diez meses de crisis.

“Demasiado dinero, demasiado tiempo y demasiado barato”. Así definía recientemente el consejero delegado de una firma de inversión varios factores que han contribuido al estallido de la crisis financiera.

Como consecuencia, ahora no hay demasiado dinero porque los bancos no consiguen financiarse de una manera tan cómoda como antes, debido a la mayor aversión al riesgo de los inversores; tampoco hay mucho tiempo, porque los vencimientos de deuda apremian; y, por supuesto, no es barato, debido a que los diferenciales se han disparado. Con este panorama, las entidades financieras intentan reforzar su posición de liquidez exprimiendo todas las vías posibles:

1. Bonos y cédulas.

El mercado de deuda ha permanecido cerrado desde agosto de 2007. Desde abril, los bancos han comenzado a lanzar las primeras emisiones de bonos, aunque a unos precios mucho más altos y a unos plazos más cortos de los habituales.

Las entidades españolas han emitido más de 17.000 millones en bonos y cédulas (deuda con garantía de préstamos hipotecarios).

La operación de mayor tamaño la protagonizó Santander, con una emisión de deuda senior (los inversores son los primeros en cobrar en el caso de impago) por importe de 2.500 millones de euros el pasado 3 de abril.

Dos de las emisiones más exóticas las ha lanzado La Caixa, lo que le ha permitido abaratar costes. Por un lado, emitió 1.500 millones de euros en cédulas el pasado 25 de abril, pero incorporó una cláusula novedosa: ofrecen al inversor un cupón o interés creciente y la posibilidad de amortizar anticipadamente. Por otro, colocó 828 millones de euros en bonos canjeables por acciones de Criteria el 20 de mayo.

2. Entrada de nuevos socios.

Una de las formas que se están utilizando para mejorar la solvencia y engordar el colchón de los recursos propios es la de vender participaciones en compañías del grupo. Lo más habitual está siendo soltar la mitad del negocio de seguros, dando entrada a un socio del sector. Lo han hecho numerosas cajas y también ha empezado algún banco, como Sabadell.

3. Apelación al BCE.

El Banco Central Europeo (BCE) ha puesto a disposición de la banca toda la liquidez necesaria a plazos de entre una semana y tres meses.

La banca española ha incrementado su apelación a la institución monetaria desde comienzos de la tormenta ante la desconfianza que persiste en el mercado interbancario (donde se prestan los bancos entre sí). En mayo, el sector captó 47.879 millones de euros, un 0,54% más que el anterior récord de abril y un 132% por encima de la media histórica, según datos del Banco de España, que incluye los fondos obtenidos por entidades extranjeras con negocio en España.

El BCE pide a cambio de los préstamos que otorga una garantía de igual o superior cuantía. Por ello, las entidades españolas han retenido en balance titulizaciones por importe de casi 100.000 millones de euros desde septiembre, según datos de Bloomberg.

4. Ampliaciones de capital.

Se trata de una fórmula muy utilizada por la banca europea, no por la española.

Desde el inicio de la crisis, los bancos europeos han levantado 56.500 millones de dólares (en torno a 36.300 millones de euros) a través de ampliaciones de capital y la entrada de inversores privados, según datos de Thomson Reuters hasta finales de abril. Como ejemplo, el banco suizo UBS consiguió 6.272 millones de euros con la entrada en su capital del fondo de Singapur GIC y, a su vez, ha cerrado una emisión de acciones de casi 10.000 millones. Royal Bank of Scotland (RBS) aprobó en abril la mayor ampliación de capital de la historia en Europa, de 12.000 millones de libras (casi 15.250 millones de euros) que ha sido cubierta en un 95%.

5. Emisión de pagarés.

El mercado de pagarés (títulos de renta fija con un vencimiento máximo de 18 meses) no se ha visto penalizado por la tormenta financiera.

Según datos del mercado de renta fija español, AIAF, las entidades emitieron en abril 29.021,35 millones de euros de este tipo de papel, un 20,18% más que en marzo. En septiembre, se registró el mayor volumen de la historia en un mes, con 45.388,15 millones de euros.

El podio de las entidades más activas en este mercado en los últimos doce meses lo forman Popular, La Caixa y Sabadell, con emisiones de pagarés por importe de 76.922,46 millones, 62.104,25 millones y 48.450,84 millones de euros, respectivamente.

6. Activos inmobiliarios.

Santander ha lanzado en España la moda del llamado sale and leaseback: una entidad vende sus activos inmobiliarios (a menudo con opción de recompra) y luego los alquila. Santander financió con esta operación, en parte, la compra de Antonveneta, y Caixa Galicia ha seguido la misma estrategia al vender a Pontegadea (de Amancio Ortega) 40 edificios de oficinas por 250 millones de euros.

7. Captación de pasivo.

Por el estrangulamiento de otras vías de financiación, la banca está lanzando agresivas campañas para captar depósitos, ofreciendo rentabilidades por encima del 5% en productos a plazo de un año.

Esta herramienta supone casi el 80% de la financiación del crecimiento del crédito en algunos casos.

Los esfuerzos no son vanos y en los tres primeros meses de este año han entrado en depósitos a plazo 24.368 millones de euros de particulares, un 29% más que un año antes, hasta 346.692 millones, según se desprende de los datos del Banco de España.

8. La cartera industrial.

Una vía de financiación que han empezado a utilizar las cajas de ahorros es la salida a bolsa de sus corporaciones empresariales.

Lo hizo La Caixa, con Criteria; lo va a hacer Caja Madrid, con su proyecto Operación Cibeles; lo hará Bancaja que, mientras tanto, ha colocado un 30% de su hólding a inversores institucionales (Deutsche Bank y el fondo Guggenheim ), embolsándose 1.355 millones, y lo ha anunciado también Caja Navarra. Caixa Galicia, a su vez, ha dado entrada en su Corporación al empresario Manuel Añón, a quien ha vendido un 5,6% del capital por 100 millones.

En otros casos, las carteras industriales están siendo fuente de recursos mediante la venta de participaciones consideradas no estratégicas.

A los bancos, sin embargo, les queda muy poco que vender, ya que en la mayoría de los casos se deshicieron de sus participaciones en los últimos años, para centrarse en el negocio financiero.

9. Cuotas participativas.

Las cajas pueden incrementar su capital mediante la emisión de cuotas participativas, una especie de acciones sin derechos políticos, que cotizan como un título de renta variable.

La primera caja que ha anunciado que emitirá cuotas, este mismo año, ha sido CAM. Se trata de todo un hito, ya que hasta ahora ninguna entidad se había atrevido con este instrumento, debido a la fuerte oposición que encuentra en los sindicatos. El mercado espera que más cajas sigan los pasos de CAM.

Caja Madrid "rompe" su fin social

Caja Madrid “rompe" su fin social al comprar en Miami una mansión por 10 millones de dólares para disfrute de un alto cargo.
Ausbanc 26.05.08
Fotografía elEconomista.es

Esta polémica operación inmobiliaria choca con los objetivos sociales defendidos por la entidad a lo largo de su historia.

A pesar del importante -e injustificado- desembolso llevado a cabo por la caja, la vivienda se ha devaluado, y actualmente su precio ronda los seis millones de dólares.

Miguel Blesa debe dar una explicación a los impositores en la próxima Asamblea General.

Caja Madrid, que siempre ha defendido su fin social, ha adquirido en Miami, por valor de nada menos de 10,5 millones de dólares –6,7 millones de euros– una mansión en el número 890 de Harbor Drive, en Cayo Vizcaíno, para disfrute de uno de sus altos cargos.

Esta polémica operación inmobiliaria se ha llevado a cabo por medio de una sociedad interpuesta –890 Harbor DR LLC–, cuya dirección es la misma que la central de Caja Madrid en Miami, y a nombre de tres de sus empleados –Borja Murube, José Cueto y Pablo Hernández–. Al parecer, y según ha podido saber Ausbanc, la citada casa ha servido de residencia a Borja Murube, hasta hace poco director de la División de Banca Corporativa de Miami/Latinoamérica de Caja Madrid, quien ha dejado de ejercer este cargo y ha regresado a España.

La citada vivienda, situada en un área proclive a la burbuja inmobiliaria, a pesar de haber supuesto un importante -e injustificado- desembolso para la caja, ha quedado devaluada tras la crisis que ha asolado Florida, y su valor actual podría estar en torno a los seis millones de dólares –3,8 millones de euros–, según las estimaciones de los expertos consultados por esta Asociación.

Esta Asociación denuncia públicamente que la especulación inmobiliaria es el tipo de actividad cuyo fin choca con el objetivo de cualquier caja de ahorros, incluida Caja Madrid, cuyo origen se remonta al año 1702, cuando el padre Piquer sentó las bases de lo que sería el Monte de Piedad de Madrid. La propia Caja Madrid, en el dossier publicado con motivo de su tercer centenario –1702-2002–, destaca sobre sus orígenes que: “Los últimos años del siglo XIX sirvieron para consolidar el modelo de caja de ahorros como un negocio con indisoluble fin benéfico, entendido como una financiación a tipo de interés moderado (comparado con la usura practicada en la época) y casi sin necesidad de garantías. Y también como una fórmula para premiar el ahorro, con una alta retribución de los recursos depositados”. Nada más alejado, lamentablemente, de la realidad actual.

Lo cierto es que, con polémicas operaciones como la denunciada por Ausbanc, Caja Madrid está poniendo en riesgo el buen nombre y la competencia de las cajas de ahorros españolas en Miami, además de la confianza de su grupo de impositores, a los que debería dar una explicación en la próxima Asamblea General.

Pero es más, se da la circunstancia de que la entidad que preside Blesa ha firmado recientemente un convenio con la Comunidad de Madrid, a través del cual se compromete a gastar nueve millones de euros en la atención de discapacitados y dependientes. Esta operación, muy aplaudible, colisiona y pone en entredicho la inversión realizada en Miami, que no destaca precisamente por el fin social que debe defender una caja de ahorros.

Debería estar prohibido escribir "Política" y "Solidaridad" en la misma frase: AGUAntaros + los de siempre

La sospechosa, selectiva e insultante solidaridad de nuestros políticos.

Ante la tragedia de Etiopía, por qué no les hace una visita la viceministra vogue superguay que, en plena crisis, insultando a todos los que la estamos padeciendo, se dedica a hacer turismo solidario y caridad con cargo a los fondos públicos. Debe ser porque la solidaridad con Etiopía no ofrece ningún rédito político, en estos casos la foto vale bien poco porque el drama nos parece demasiado lejano, como que no tiene nada que ver con nosotros, todos nos sentimos tentados a cambiar de canal cuando las hambrunas aparecen en las noticias para indigestarnos la comida -a la mayoría, porque a algunos ya ni se les indigesta-, aunque lo cierto es que estas tragedias ya ni siquiera aparecen en las noticias por la sencilla razón de que las cadenas de televisión no se arriesgan a perder audiencia.

Cuando en plena crisis -insisto en el contexto-, nuestro presidente o nuestra viceministra se dedican a ir repartiendo esos talones caritativos, dentro de una campaña de solidaridad internacional sospechosamente estudiada, no deberían molestarse si los ciudadanos hacemos lecturas frívolas o simples. Nos lo ponen demasiado fácil.

¿"AGUA para todos"? ¿"+ AGUA para siempre"?... "AGUAntaros + los de siempre".

Como murciano, una reflexión dirigida a las comunidades semidesérticas que pedimos el agua, reflexión a la que ni me molesto en invitar a los que nos la niegan, porque en este caso su insolidaridad no deja ninguna duda, y sólo salvo a los muy pocos que desde principios ecológicos de sostenibilidad, y no desde criterios políticos electoralistas para satisfacer al instinto más primitivo de territorialidad que el ser humano en su evolución como especie ya debería haber superado, nos invitan a hacer lecturas menos superficiales y a afrontar el problema en su verdadera profundidad advirtiendo de la verdadera gravedad y dimensión de la la amenaza que ya es una realidad:

Cuando se nos llena la boca con el “AGUA para todos”, que la propaganda del ministerio Narbona versiona en “+ AGUA para siempre”, ¿a alguno de los instigadores de estas campañas, la campaña comunitaria o la campaña ministerial, se le ha pasado por la cabeza si nuestro problema es la versión más light de la tragedia de los muertos por las consecuencias de la sequía o del drama de los que no pueden acceder al agua potable en los países donde el agua potable se ha privatizado a favor de la tiranía de grandes corporaciones transnacionales?

¿El “para todos” o el "para siempre" de sus campañas se refieren también a estas vítimas?. No hace falta respuesta. Si refundimos los lemas de ambas campañas, nos resulta "AGUAntaros + los de siempre"

Emergencia: Sequía en Etiopía
Intermón Oxfam, 24.07.08

La sequía agudiza la situación de crisis y el peligro de malnutrición se extiende en la zonas más pobres.

La sequía de los últimos meses, unida a la subida de los precios de alimentos, está afectando a 4.6 millones de personas en Etiopía que necesitan ayuda urgente. Esto se traduce en graves dificultades para la población, malnutrición, problemas de salud pública y la muerte de miles de ganados, entre otros muchos efectos.

Las esperanzas de que la llegada de la temporada de lluvias restablecieran las condiciones de agua en Etiopía no se han cumplido. Los pastores y agricultores de las regiones desde el noreste hasta el sur del país se enfrentan a la escasez de medios para subsistir sin agua ni alimentos.

La sequía de los últimos meses y el alza de los precios de los alimentos han aumentado la vulnerabilidad de los etíopes. Más de 3.4 millones de los 80 millones de habitantes de Etiopía requerirán ayuda alimentaria entre julio y septiembre de 2008, además de los 8 millones que ya reciben asistencia, según datos del Programa Mundial de Alimentos. En la región somalí de Etiopía, la casi nula época de lluvias de Abril y Mayo ha agravado la situación ya de por sí, difícil, que preveían las comunidades de pastores.

La situación ha ido empeorando gradualmente desde octubre de 2007, cuando las lluvias registradas no han sido suficientes para paliar la crisis. Estas comunidades no tienen otra alternativa que esperar a que regresen las precipitaciones. El peligro de enfermedades y de malnutrición es una amenaza real a la que se enfrentan estas comunidades. Por si esto fuera poco, el futuro tampoco parece muy prometedor, ya que la escasez de agua causa la muerte del ganado que garantiza la supervivencia de más del setenta por ciento de la población de la zona.

► ¿Qué puedes hacer tú? Enlace con Intermón Oxfam

La corrupción urbanística en la Wikipedia

Corrupción urbanística en España.
Wikipedia


Las causas de la corrupción urbanística son muchas y muy diversas:

Los analistas han señalado que el problema que subyace en la corrupción urbanística en España es la financiación de los ayuntamientos. El proceso de descentralización en España que trajo consigo el Estado de las Autonomías, ha llevado a que los ayuntamientos se hayan visto obligados a prestar a los ciudadanos servicios que antes ofrecía el gobierno central.

Esta descentralización buscaba una mayor eficacia en la prestación de dichos servicios, a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos. Sin embargo ha planteado desafíos en cuanto a la financiación que, según el criterio de diversos colectivos, no han sido bien respondidos. Como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma imaginativa de recaudar impuestos indirectos, y es con la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no. La financiación a partir de la recalificación de suelo implica aumentar la presión fiscal de manera heterogénea, haciendo cargar con el mayor peso de la financiación municipal a familias con hipotecas a 30 y 40 años.

La diferencia de precio entre un tipo de suelo y otro puede ser de hasta 20 veces, así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en la recalificación del suelo. Los promotores y constructores pagaban a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de "suelo urbanizable". Por supuesto que esas cuantiosas sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que al final pocos son conscientes de que se trata de un enorme impuesto encubierto, que va incluido en el elevado precio de la vivienda.

La consecuencia indeseada es que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que presta (transporte público, polideportivos, limpieza de calles, etc), también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal, fenómeno que constituye el núcleo de lo que se conoce como corrupción urbanística.

Casos denunciados en la Comunidad de Murcia.

A principios de abril de 2007 en la Comunidad de Murcia se investigaban judicialmente los siguientes casos de corrupción urbanística:

Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.

Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de lo Poyo.

Mazarrón: La Justicia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.

San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso. También en San Javier el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, del PP, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.

Los Alcázares: La Guardia Civil registró el Excmo. Ayuntamiento de Los Alcázares y detuvo a seis personas en un primer momento, que luego fueron puestas en libertad con cargos y fianza, entre ellas al ex-alcalde Juan Escudero, al arquitecto municipal, Mariano Ayuso, y al ex-secretario del Ayuntamiento. La operación en la que se engloban estas actuaciones se denominó 'Operación Ninette' por la obra 'Ninette y un señor de Murcia' de Miguel Mihura. Estas actuaciones parece ser que se engloban en la Operación Malaya, de Marbella. Los acusados se encuentran a la espera de juicio.

Totana. La Guardia Civil, detuvo a seis personas por una supuesta trama de recalificación de terrenos en dicho municipio. Entre los imputados se encuentra el ex-alcalde. Actualmente, dicho caso está en fase de instrucción sumarial.

Torre Pacheco: El alcalde de Torre Pacheco (Murcia), Daniel García Madrid, del PP, detenido, está acusado de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, informaron fuentes de la investigación. Además, han sido llamados a declarar, en calidad de imputados, José Luis Hernández de Arce, presidente del grupo empresarial Polaris World, y Juan Marcos Fernández Ferrugia, que hasta hace un año fue el director financiero del citado grupo.

Murcia: La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha decidido admitir a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, contra el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, en la actualidad en excedencia. Bernal denunciaba que Peñalver habría favorecido a varias constructoras en la valoración del suelo. Además, el Colegio de Arquitectos abrió un expediente al arquitecto municipal hace más de un año, por presunta incompatibilidad entre su puesto en la Gerencia de Urbanismo y la actividad profesional del estudio de su familia. Esta presunta incompatibilidad fue denunciada por seis estudios de arquitectos. Según un informe hecho público por el PSOE en marzo y elaborado por los colegios de arquitectos, tras hacer una valoración de la edificabilidad de uno de los convenios de la zona norte suscrito por el equipo de gobierno con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, que el Ayuntamiento de Murcia dejará de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros.

Cieza: El alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros. En este municipio, Greenpeace denuncia la recalificación de 20 millones de metros cuadrados para su urbanización. El alcalde, Antonio Tamayo declaró además en el Juzgado número 3 de Cieza por el denominado caso Cláufer, por la presunta concesión irregular de una licencia de ampliación a una granja porcina ilegal propiedad del jefe de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma, tras observar indicios de una supuesta prevaricación y tráfico de influencias. También están citados a declarar la responsable de Urbanismo y dos técnicos municipales.

UGT y CCOO: la mayor empresa del Estado

LA MAYOR EMPRESA DEL ESTADO
Solidaridad.net, 10.11.04
Fotografía de estrelladigital.es

Los sindicatos UGT y CCOO reciben anualmente más de 32.000 millones de pesetas procedentes de las arcas del Estado, según los datos recogidos del BOE. Ello significa que cada contribuyente a la Seguridad Social aporta anualmente más de 2.000 pesetas sólo para los sindicatos. Si a ello sumamos, el dinero procedente del Fondo Social Europeo o el percibido de cada una de las autonomías, la cuantía se dispara a una cifra muy superior, difícil de averiguar.

En cualquier caso, el dinero recibido de subvenciones, la mayoría para cursos de formación, es muy superior a los presupuestos que manejan anualmente los sindicatos y que declaran como ingresos procedentes de las cuotas de afiliación.

El dinero total percibido por sindicatos, organizaciones empresariales y otras instituciones de las denominadas sin ánimo de lucro procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y del Fondo Social Europeo supera anualmente los 200.000 millones de pesetas.

La mayoría de esta cantidad se destina a financiar cursos de formación, cuyo gasto es difícil de controlar, como se ha demostrado en nuestro país con las presuntas irregularidades aparecidas en el FORCEM. De hecho, la financiación de sindicatos y otras organizaciones sin ánimo de lucro sigue siendo hoy un sistema complejo sobre el que apenas existe información pública. A la hora de investigar su destino o simplemente sumar cantidades, se llega a la conclusión de que es prácticamente imposible saber con exactitud el dinero que mueven, pese a que suman miles de millones.

En nuestro país sus ingresos están sometidos a la vigilancia del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General del Estado. El pasado 7 de julio el BOE recogía dos resoluciones de la Dirección General del INEM en las que se publican las convocatorias de ayuda para los planes de formación continua para este año por un importe de 106.000 millones de pesetas.

Los datos muestran que UGT recibirá durante este ejercicio 17.000 millones de subvenciones para la formación continua de Trabajo y CC OO otros 11.000 millones de pesetas. En total, 28.000 millones. Sólo estas ayudas oficiales representan más de lo que los dos sindicatos declaran que perciben de las cuotas de sus afiliados.

El sindicato que dirige Cándido Méndez asegura que sus ingresos anuales por afiliación rondan los 12.000 millones anuales. UGT cuenta con cerca de 800.000 afiliados que abonan una media mensual de 1.300 pesetas. El sindicato, que emplea a cerca de un millar de asalariados, tuvo problemas económicos a raíz del fracaso de la cooperativa de viviendas PSV, que le ocasionó un endeudamiento cercano a los 20.000 millones de pesetas. El sindicato alega en su descarga que no ha recibido más que una parte de su patrimonio histórico, que valora en unos 45.000 millones de pesetas. Una petición que es rechazada desde el Gobierno, donde se asegura que el patrimonio histórico de los sindicatos ya ha sido devuelto a estos prácticamente en su totalidad.

Las cuentas del sindicato que dirige José María Fidalgo son muy similares, ya que el número de afiliados ronda los 850.000, y la cuota es similar a la de UGT. Sin embargo, CC OO cerró, por ejemplo, el ejercicio de 2000 con un ligero superávit.

Los sindicatos mayoritarios reciben también más de 2.000 millones anuales (1.010 millones UGT y 1.050 millones CC OO) en concepto de fomento del empleo. Otros 300 millones de pesetas largos para la formación ocupacional y casi 1.300 millones de pesetas como un complemento reconocido así por el Ministerio de Trabajo bajo el epígrafe de «actividades sindicales».

Un capítulo aparte merece la devolución del patrimonio histórico de estos sindicatos, que aún sigue siendo motivo de polémica con el Gobierno, ya que las organizaciones sindicales reclaman propiedades que éste aún no está dispuesto a reconocer. Las dos sindicatos disponen en la actualidad de 545.000 metros cuadrados para desarrollar sus actividades en toda España que han sido cedidos por el Estado en aplicación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre de ese año, sobre la restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derecho incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-39. La citada ley establecía la devolución de los bienes inmuebles anteriores a la Guerra Civil siempre que se demostrara su utilización y establecía una subvención para aquellos casos en los que no fuera posible ésta.

Los dos sindicatos disponen además de 203.000 liberados en toda España, entre instituciones oficiales y empresas de carácter privado. La distribución de estos liberados sindicales es muy similar. La mitad de ellos, alrededor de 103.000, corresponden a UGT y 100.000 a CC OO. Los liberados sindicales cobran el sueldo de la empresa para la que trabajan, no del sindicato. Si hubiera que comparar esta cifra con el empleo generado por empresas españolas, cabría decir que los liberados representan la plantilla más numerosa, después de la de la Administración.

El 71% de los alcaldes acusados de corrupción mantuvo el poder

Publico.es 11.08.08

De los 133 municipios sospechosos, en 94 el regidor no cambió y en 40 incluso sumó apoyos.

Los españoles son permisivos con la corrupción. No les gusta, pero la toleran.

La afirmación vale como constatación aproximada. Como primer punto de debate. Sin embargo, tiene su sustento empírico. Sus cifras. Éstas: de los 133 ayuntamientos en los que antes de las elecciones municipales de 2007 saltaron sospechas de corrupción contra el alcalde o ediles significados, en 94 de ellos (el 70,7%) los regidores mantuvieron el bastón de mando, y sólo en 39 (el 29,3%) lo perdieron.

Los datos quedan avalados por la firma del profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez, incluidos en el Informe sobre la democracia en España en 2008, de la Fundación Alternativas. Los indicadores fueron presentados el martes pasado en los cursos de verano de la Complutense por Manuel Villoria, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional España.

Todavía hay números para el aliento: sólo 40 de los 133 alcaldes negros (30%) mantuvieron o ganaron en 2007 más apoyo sobre el censo que en 2003, unos 5,2 puntos de media. En los 93 casos restantes, el respaldo ciudadano se contrajo en torno a un 7,4%.

¿Por qué? La gran pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Qué factores influyen? Jiménez aventuró en su estudio cuatro hipótesis de trabajo y ninguna arrojó resultados concluyentes. Primero, relacionó el tamaño del municipio con los resultados de los comicios, previendo que en los pueblos pequeños la red clientelar está mejor engrasada y la penalización a los sospechosos pudiera ser menor. Falso. “Nada prueba esa ligazón”, sostiene el profesor.

La inputación no influye.

Aún sorprende más que no influya la naturaleza de la acusación. En el 70,7% de los casos en los que se sustanció una imputación judicial, los regidores retuvieron el poder. Eso es tan sólo una décima más que en los procedimientos en los que el juez de instrucción no cerró una acusación formal.

Si se compara la suerte electoral de los 82 imputados por corrupción, se observa premio de los ciudadanos: el 70,6% de los inculpados y el 60% de los condenados revalidaron la alcaldía. Llama más la atención que el 100% de los regidores detenidos –los de Alhaurín el Grande y Mogán, ambos del PP– conservó el poder y además aumentó su apoyo.

Jiménez únicamente apreció pequeñas diferencias en el último supuesto. Hay más castigo popular si está en marcha una investigación judicial o policial (un 36% perdió la alcaldía). Se rebaja si la denuncia fue archivada o si la acusación procedió de la oposición o de grupos ecologistas (el 24% se despidió del poder).

A los partidos tampoco les sale rentable actuar contra los corruptos. Una vez purgados, pierden respaldo. “El caso paradigmático es Catral [Alicante]”, recuerda Jiménez a Público. “El PSOE echó a su regidor, José Manuel Rodríguez Leal, y en 2007 cayó un 34,7%. Se quedó con un concejal, y Leal, que montó una lista aparte, logró cinco escaños. El PP conquistó la mayoría absoluta”.

En cambio, desafección.

La escasa penalización pública de los españoles contrasta abruptamente con su percepción de la corrupción. La encuesta del CIS Los ciudadanos y el Estado, de enero de 2007, ofrecía datos demoledores contra los políticos: un 51,9% creía que bastantes o casi todos ellos estaban implicados en negocios turbios. Pero hay algo que no casa, pues el 89,3% reconoció entonces que nunca había recibido insinuaciones de soborno. Un 3,1% declaraba que había sentido tal presión “a veces”.

Los españoles tampoco citan la corrupción desde hace años como uno de los principales problemas del país. Del 35,5% que la mencionaban en febrero de 1995 se ha pasado al 0,8% de julio de 2008.

Los expertos, ejecutivos y empresarios nacionales e internacionales no son tan duros en la evaluación de España. El último panel de Transparencia Internacional, de 2007, sobre una muestra de 179 países, la ubica en el puesto 25º, detrás de Nueva Zelanda (1º), Reino Unido (12º), Alemania (16º), Japón (17º), Francia (19º) o Barbados (23º), y delante de Portugal (28º) e Italia (41º).

El peso de los estereotipos.

Hay un salto de percepciones. “Es lógico. Los expertos tienen más datos, y los ciudadanos funcionan con estereotipos”, sostiene Villoria. “En todos los países desarrollados se palpa una desafección hacia el poder. En los españoles influye la socialización recibida desde pequeños: tras décadas de dictadura, se nos inculcó que la política es sucia, opaca”.

El ligero retroceso de España (del puesto 22-23º de 2004 a 2006 al 25º del año pasado) se explica, para Villoria, por la explosión de casos recogidos por los medios. “Paradójicamente, este Gobierno, el que más ha hecho para limpiar la corrupción, es el que se lleva las culpas, y es que al Estado le cae todo”. La peor réplica, añade, es “politizar los datos”. “No podemos cargar el sambenito de corrupto a PP o PSOE, como venden algunos medios de modo sectario. Existe una mejor respuesta: denunciar”.

"Si se percibe riqueza, no hay castigo".
Fernando Jiménez, politólogo. Universidad de Murcia

¿Por qué los ciudadanos perdonan a sus corruptos?
No todos los casos son iguales, pero es verdad que somos más indulgentes con nuestros representantes si creemos que a cambio traen beneficio a la ciudad: empleo, riqueza... Pasa en todos los países. ¿Por qué los marbellíes votaban a [Jesús] Gil?

¿Y no es peligroso? ¿No es carta blanca al corrupto?
Sí. Es el poder de la mayoría, al que hay que poner límites. Obviamente, el control judicial, y también la disciplina en los partidos, que conservan códigos éticos de risa.

¿PP y PSOE están a la par?
El Gobierno ha impulsado más ahora la limpieza, como en los 90 hizo el PP. Pero los partidos se benefician de la corrupción, porque su combate les trae problemas. La gente no premia que echen a los sospechosos, sólo les castiga si no producen resultados. O si ven en la oposición una alternativa, que no siempre ocurre. Además, cuando purgas al líder municipal, tardas en rehacerte. Los partidos son débiles a nivel local.

¿El sistema incentiva en España a los corruptos?
Sí, mucho. Los controles a los ayuntamientos no funcionan como en otros países. Es cierto que sufren estrangulamiento financiero, pero hay que tasar sus competencias.

¿Cómo atajar el problema?
Falta voluntad política, no sólo las normas efectistas del Gobierno. Hay que quitar las trampas de la Ley de Financiación de Partidos e inculcar la cultura de protección de lo público en los ciudadanos.

IU es el partido más endeudado con las cajas andaluzas

Solidaridad.net

Las cajas andaluzas tienen concedidos a los partidos 9,7 millones en préstamos. Los datos hechos públicos por las entidades financieras por imperativo legal revelan que IU es la formación con más créditos solicitados. A CajaSur ha solicitado 2 millones de euros en préstamos, a los que hay que añadir los 285.000 euros concedidos al Partido Comunista de España, integrante de esta coalición. Este último, según el informe de la entidad financiera, tiene problemas para hacer frente a uno de los créditos concedidos. La deuda del Partido Andalucista con entidades de crédito asciende a 8,64 millones.

Los partidos han recibido 9,7 millones de euros en concepto de préstamos realizados por las cinco cajas de ahorros andaluzas que efectúan estas operaciones, una deuda que, según los casos, está más o menos saldada. Estas entidades financieras, todas excepto Caja Jaén, tienen desde el año 2004 la obligación de realizar el Informe Anual del Gobierno Corporativo, que recoge al detalle sus operaciones y que debe ser remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y publicado en internet. Estos balances económicos revelan que Izquierda Unida es la formación que más recurre a este tipo de financiación, mientras que en el otro extremo se encuentra el PP, que prescinde de utilizar esta vía en la comunidad autónoma.

Los partidos cuentan con subveciones de las administraciones públicas, que dependen del resultado electoral, de las donaciones (muy limitadas) y de los préstamos, tanto de entidades privadas como de las cajas de ahorro, las cuales tienen carácter público. Izquierda Unida es la que más recurre a esta última vía. Lo hace principalmente a través de CajaSur, la entidad con sede en Córdoba –en esta provincia la federación de izquierdas obtiene sus mejores resultados electorales y controla tanto el Ayuntamiento de la capital como la Diputación Provincial–. A esta entidad ha solicitado 2 millones de euros en préstamos, a los que hay que añadir los 285.000 euros concedidos al Partido Comunista de España, integrante de esta coalición. Este último, según el informe de la entidad financiera, tiene problemas para hacer frente a uno de los créditos concedidos. IU ha obtenido también préstamos en las otras cuatro entidades de Andalucía.

En el otro extremo se sitúa el Partido Popular. No realiza operaciones con ninguna de las cajas de ahorros andaluzas, según se desprende de los informes anuales de 2004 de las distintas entidades financieras. Así lo señaló también el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre financiación de partidos, presentado en el Congreso la semana pasada en el que destacaba la aportación de las donaciones privadas a esta formación. Éste reveló la existencia de un préstamo perdonado por La Caixa al PSC, que ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición por un supuesto conflicto de intereses. El PP ha llegado incluso a pedir la dimisión del ministro de Industria y presidente de los socialistas catalanes, José Montilla.

En Andalucía, el PSOE recurre en menor medida que en Cataluña a los créditos de las cajas de ahorros. Su principal fuente de recursos es Caja San Fernando, a la que los socialistas, a través de distintas agrupaciones, han pedido hasta 783.000 euros en créditos. En total, esta formación ha conseguido préstamos, tanto personales como hipotecarios, por valor de 1.649.000 euros, según se recoge en los Informes Anuales del Gobierno Corporativo.

Más dinero que los socialistas ha obtenido el PA. Los andalucistas han pedido cerca de 2 millones de euros a las entidades financieras. Aunque, en este caso, sí tienen problemas para afrontar su pago. En CajaSur cuentan ya con tres créditos en situación de vencidos y en mora, por importe de 402.000 euros, y en El Monte se encuentran en estado de dudosos dos préstamos de 330.000 euros.

Los intereses y los plazos para hacer frente al pago de los préstamos concedidos varían según el partido y la caja de ahorros de la que se trate. La expectativa electoral es una de las principales causas de esta variación, puesto que en el resultado de las formaciones en los comicios está la garantía de cobro de las formaciones. Así se explica la deuda contraída por IU con CajaSur, entidad con sede en Córdoba, donde IU tiene un mayor respaldo en las elecciones.

De los 2.963.000 euros en préstamos que ha concedido la entidad cordobesa a las formaciones políticas, dos terceras partes se han destinado a IU. Ésta es precisamente la caja que más dinero ha destinado a este tipo de operaciones, según revelan los datos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En segundo lugar se sitúa Caja San Fernando, la que más recursos ha prestado al PSOE, 783.000 euros, de los 2,7 millones que ha concedido.

Además de los préstamos personales e hipotecarios, las cinco entidades financieras que están obligadas a presentar los Informes Anuales del Gobierno Corporativo disponen de cuentas de crédito o de avales técnicos destinados a los partidos políticos, lo que hace que la deuda de estas formaciones sea muy superior a los 9,7 millones que les han prestado. Estas cifras se ven afectadas también por los porcentajes de intereses, que pueden superar el 17 por ciento.

Un informe anual exigido por la CNMV.

La Ley 26/2003 del 17 de julio introdujo una nueva obligación que debían afrontar las cajas de ahorros cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado oficial de valores –todas excepto Caja Jaén en el caso de Andalucía–: la elaboración de un informe anual de gobierno corporativo. Este documento recoge una información completa de las estructuras y prácticas del gobierno de las entidades y su contenido está definido en una circular distribuida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 2005. Estos datos, además de ser remitidos a la CNMV, tienen que ser publicados en internet para que puedan acceder a ellos todas las personas que lo requieran. Entre otras informaciones, el balance anual revela todas las operaciones financieras de las entidades relacionadas con los partidos políticos y con las administraciones.