La Caixa se salva de pagar 60.000 millones por las primas únicas.El Mundo 19.01.97
La entidad catalana es la más beneficiada de la prescripción del delito fiscal para 600 expedientes - La caja se comprometió a pagar 30.000 millones tras la retirada de un recurso - La no presentación del recurso la liberó de pagar 20.000 millones.
El ex ministro Solbes retiró en 1994 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo argumentando que estaba «abocado al fracaso procesal».
De los 200.000 millones de deuda tributaria que Hacienda no podrá cobrar al haber prescrito el delito fiscal en 600 expedientes, 60.000 millones tienen un único beneficiario: La Caixa.
Esta cantidad se corresponde con las retenciones no efectuadas por la entidad durante varios ejercicios (además de las sanciones y los intereses de demora que en su día se aplicaron por parte de la Inspección) en los rendimientos de diversos productos financieros, que globalmente se denominaron primas únicas.
La Caixa llegó a tener a finales de la década de los 80 más de un billón de pesetas de recursos ajenos nominados en primas únicas, en cualquiera de sus modalidades. La legislación permitía entonces comercializar seguros sin retención fiscal, lo que propició el nacimiento de unos productos que, en la práctica, eran cuentas a plazo fijo, pero que formalmente eran comercializados como seguros para escapar de las retenciones.
Hacienda consideró que se estaba produciendo fraude al Fisco en un doble sentido: por un lado, la entidad financiera no aplicaba las correspondientes retenciones; por otro, el contribuyente no declaraba sus rendimientos. El rápido crecimiento de las primas únicas puso de manifiesto que eran un vehículo ideal para canalizar el dinero opaco al Fisco.
Hacienda y La Caixa se enzarzaron durante varios años en un debate legal sobre la naturaleza de las primas únicas. La Inspección levantó miles de actas que elevaron la deuda tributaria de la entidad a unos 120.000 millones.
El anterior Gobierno y la entidad financiera comenzaron a negociar la solución al conflicto en 1993. Dicha negociación tuvo como marco de referencia el pacto del PSOE y CiU tras las elecciones del 6 de junio de 1993, en las que los socialistas perdieron la mayoría absoluta y se vieron obligados a gobernar con el apoyo de los nacionalistas catalanes.
La Caixa, favorecida.
Como consecuencia de esas negociaciones, el Gobierno anterior retiró en 1994 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra una sentencia de la Audiencia Nacional en relación a las primas únicas de La Caixa. Esa decisión eximió a La Caixa del pago de 20.000 millones de pesetas, que era la deuda tributaria estimada por un expediente levantado por Hacienda en 1985.
La actitud del Ministerio de forzar un pacto con La Caixa provocó disensiones internas en Hacienda. La renuncia del director de la Agencia Tributaria, Abelardo Delgado, coincidió en el tiempo con el contencioso.
En aquel tiempo, y tras descubrirse la retirada del recurso, el Ministerio de Economía y Hacienda lo justificó esgrimiendo «las nulas posibilidades de éxito» y por el «respeto al elemental principio de seguridad jurídica» de La Caixa. Hacienda insistió en que «la Administración Pública no puede ni debe sostener recursos jurisdiccionales abocados al fracaso procesal».
Posteriormente, y tras la retirada del recurso que afectaba a una pequeña parte de las primas únicas, Hacienda reclamó a La Caixa el pago de 39.000 millones de pesetas en concepto de liquidación por las retenciones no satisfechas de la libreta 2.000 SM, una de las modalidades de ese producto financiero emitidas por la entidad catalana de ahorro.
Según datos aportados por La Caixa en octubre de 1994, de esa cifra, 29.000 millones correspondían a las cuotas por retenciones no ingresadas al Fisco y 10.000 millones a los intereses de demora.
Esta liquidación, según La Caixa, se refería a todas las modalidades de primas únicas excepto a la KD-UK, sobre la que pesaba una sanción superior a los 21.000 millones. Es decir, en total los 60.000 millones que han prescrito. La Caixa se comprometió a pagar 30.000 millones a Hacienda, pero, a cambio, el Gobierno no recurrió por la vía judicial los contenciosos de La Caixa, en contra de los criterios de la Fiscalía del Estado. Como se ha sabido ahora, La Caixa también se benefició del criterio sobre la prescripción del delito fiscal que tenía Hacienda.
▲ Foto (EFE '07): Solbes, junto al actual director general de La Caixa, Isidre Fainé, en Barcelona
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