La Consejería que ahora dirige Ballesta dice que se emplazó al Ayuntamiento de Águilas pero no al Grupo Hispania.
No fue la Consejería de Obras Públicas actualmente a cargo de José Ballesta, sino la que dirigió con anterioridad Joaquín Bascuñana, la que no notificó al Grupo Inversor Hispania el recurso contra la urbanización de la finca de La Zerrichera de Águilas. Debido a que esta empresa -que estaba y sigue en manos de Trinitario Casanova Abadía- no fue emplazada para defenderse dentro del periodo legalmente establecido, el Tribunal Superior de Justicia declaró la nulidad del auto que paralizaba la urbanización de los polémicos terrenos.
Como ayer publicó La Verdad, la suspensión sigue levantada, por lo que tiene pleno vigor el decreto de recalificación de los terrenos que aprobó en febrero del año 2006 la Consejería de Obras Públicas. El TSJ tendrá que volver a pronunciarse de nuevo.
Fuentes de la Consejería de Obras Públicas, a cuyo frente está José Ballesta desde junio del 2007, explicaron ayer a este diario que el emplazamiento a las partes debió hacerlo el equipo anterior de esta misma Consejería en noviembre del año 2006, entonces dirigida por Joaquín Bascuñana, cosa que no hizo. El recurso que estaba tramitando el TSJ se le comunicó al Ayuntamiento de Águilas, pero no al Grupo Hispania.
Una vez que recibió el recurso presentado por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ envió un oficio a la Consejería de Obras Públicas, que tuvo entrada el 2 de noviembre del 2006, solicitando que le remitiera el expediente de recalificación de los terrenos y que emplazara a las partes interesadas. Quince días después, la Consejería envió el expediente al TSJ y emplazó al Ayuntamiento de Águilas, pero no al Grupo Hispania, según explicó ayer el director general de Urbanismo, Antonio Javier Navarro Corchón. Al margen de la precisión de fechas, éste alto cargo confirmó la nulidad del auto del TSJ. El oficio del TSJ enviado a la Consejería se hizo, pues, antes de la toma de posesión de José Ballesta, recalcó ayer la Consejería en una nota.
La pregunta que surgió ayer es por qué el empresario Trinitario Casanova esperó casi un año para presentar el recurso de indefensión. De hecho, no lo hizo hasta que el TSJ dictó el auto de suspensión, en julio del año pasado. Diversas fuentes conocedoras del asunto dan como posible explicación que Casanova recurrió al comprobar que le perjudicaba el auto del TSJ. De lo contrario, apuntan, quizás no lo hubiera hecho. Los meses anteriores a su recurso, esta empresa no hizo nada, aunque legalmente no tenía por qué hacerlo al no haber sido emplazada por la Administración regional.
El portavoz de la Asociación de Naturalistas del sureste (ANSE), Pedro García, explicó ayer que han vuelto a solicitar la paralización del decreto que declara urbanizable La Zerrichera. Restó importancia al hecho de que el TSJ haya declarado nulo su auto por un error procesal atribuible a la Administración regional. «Conseguimos lo que habíamos pedido: que se suspendiera el decreto. Ahora, debido a la indefensión alegada por el Grupo Hispania la causa se va a retrasar. Me imagino que el Gobierno regional no permitirá que se haga nada en la zona, sobre todo después de que el anterior consejero de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader, presumiera de que había paralizado el proyecto porque no se ajustaba a la declaración de impacto ambiental».
El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, se preguntó ayer si el error procesal que anula el auto del TSJ «ha sido cometido de manera intencionada o no». Pujante criticó la actitud de la Consejería de Obras Públicas por no emplazar a las partes interesadas dentro del calendario legal previsto, y señaló que este error «justifica» el rechazo del PP a una moción sobre La Zerrichera presentada por IU+Los Verdes en la Asamblea Regional.
En concreto, Pujante exigió la creación de una comisión especial de investigación de las actuaciones realizadas en torno a este caso «con el propósito de depurar responsabilidades políticas». Añadió que «siempre salen beneficiados los mismos», en referencia a Trinitario Casanova, ex propietario del Grupo Inversor Hispania, dijo Pujante.
La Consejería de Obras Públicas no notificó dentro de plazo a Trinitario Casanova la decisión judicial, por lo que la suspensión está sin efecto El Gobierno regional dice que la situación no cambia: «No se puede construir».
La polémica finca de La Zerrichera de Águilas es actualmente urbanizable con todas las de la ley, por lo que una parte de ésta sigue desprotegida ambientalmente. Un defecto procesal ha dejado sin efecto la paralización cautelar que dictó el año pasado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ). La causa de este error se debe a que la Consejería de Obras Públicas no emplazó dentro del calendario legal previsto a las partes interesadas, en este caso el Grupo Inversor Hispania, para que conocieran el auto judicial y tuvieran oportunidad de personarse en la causa y defender sus intereses. Esto hizo que el propio TSJ declarara la nulidad de su auto, situación que se mantiene en la actualidad, según ha confirmado a La Verdad la oficina de prensa del alto tribunal.
Dos obstáculos. No se puede construir.
¿Quiere esto decir que se puede construir dentro de las 240 hectáreas de La Zerrichera? Esta nulidad procesal no tiene virtualidad práctica a estos efectos, según explicaron ayer fuentes de la Administración regional, que admiten que la citada consejería no emplazó a las partes interesadas. Para poder construir debe mediar un plan parcial que sigue suspendido por el Ayuntamiento de Águilas. Asimismo, habría que superar la orden que emitió en su día la Consejería de Medio Ambiente, en mayo del 2006, contraria a la construcción de las 4.000 viviendas porque el proyecto que presentaron el Grupo Hispania y sus socios de entonces no se ajustaba a las especificaciones del estudio de impacto ambiental. Eso después de que saltara el escándalo.
Con estos dos obstáculos administrativos, la construcción de la urbanización no es posible dentro de esta zona. No obstante, a raíz de la nulidad del auto del TSJ, la finca mantiene su consideración de urbanizable a todos los efectos, de acuerdo con la orden que firmó en febrero del año 2006 el consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana.
¿Por qué no se notificó? Se pasaron los plazos.
El auto del TSJ que paralizó el decreto de Bascuñana se decidió el 26 de julio del 2007, atendiendo a un recurso de la Asociación de Naturalistas del Sureste. Los magistrados consideraron que la paralización de dicho decreto «no causaba perjuicio alguno al interés general», y que la decisión judicial estaba tomada sobre la base de las decisiones del Gobierno regional y del Ayuntamiento aguileño de suspender el proyecto.
Era, de hecho, una suspensión judicial sobre algo que ya estaba suspendido administrativa y políticamente. Eso no impidió que el auto del TSJ tuviera una gran repercusión social debido a la actuación que llevaba a cabo la Fiscalía, la cual imputó al alcalde aguileño y a varios ex altos cargos de la Comunidad, entre otros. Los magistrados, asimismo, advertían de que las partes no ponían en duda la existencia de valores ambientales en la zona, por lo que la urbanización podía resultar perjudicial en tanto que no se entrara en el fondo del asunto.
Trinitario recurre. El TSJ anula el auto.
El nuevo titular de la Consejería de Obras Públicas, José Ballesta, que estaba recién llegado junto con su equipo, disponía de 20 días para remitir todo el expediente de La Zerrichera al TSJ. Así como nueve días para emplazar a las partes. Esto segundo no lo hizo, razón por la cual los abogados de Trinitario Casanova, propietario en aquella época del Grupo Inversor Hispania, recurrierron. Fuentes del Ejecutivo regional niegan cualquier intencionalidad y lo atribuyen a un descuido, ya que el defecto procesal no varía la situación del proyecto urbanístico.
El 22 de enero pasado, la Sala del TSJ declaró la nulidad de lo actuado hasta ese momento. La causa se retrotrae al día anterior en el que se dictó el auto, lo cual quiere decir que se empieza de nuevo. El siguiente paso del TSJ será resolver de nuevo las medidas cautelares y estudiar las alegaciones del Grupo Hispania. Como se sabe, Trinitario Casanova vendió su empresa al Grupo 2000 de José Ramón Carabante. Todo, menos precisamente el proyecto de La Zerrichera.
Un retraso. La causa empieza de nuevo.
También se han personado, y presentado alegaciones, Inverlur Águilas 1 S.L. e Inverlur Águilas 2 S.L., la inmobiliaria de La Kutxa, la Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián, que es la propietaria de los terrenos que le vendió Casanova.
Otras fuentes judiciales consultadas consideran esta nulidad «un retraso» de la causa. No se atreven a adelantar qué nueva decisión tomará el TSJ, aunque creen que puede ser la misma que la del verano pasado.
El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional rechazó el miércoles la petición del PSOE de revocar el decreto de la Consejería de Obras Públicas que declaró urbanizable La Zerrichera argumentando, entre otros motivos, que había que esperar a las decisiones judiciales en curso. El diputado Martín Quiñonero señaló no obstante que la modificación urbanística -de unos terrenos protegidos como ZEPA- era «viable y realizada de acuerdo con todos los estudios ambientales».
Los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, por su parte, han realizado un informe sobre el decreto que se prepara para aprobar el Plan de Gestión de la zona, en la Sierra de La Almenara, indicando que la Consejería de Obras Públicas debe pronunciarse sobre los efectos que pueden tener en dicho Plan algunas figuras de planeamiento ya aprobadas, como la de La Zerrichera. La Consejería debe advertir en una disposición que ese proyecto urbanístico podría quedar derogado o modificado.
El diputado Martín Quiñonero pidió ayer a la Asamblea que espere al resultado de la investigación en curso y defiende «el rigor y seriedad» de la modificación.
El diputado del PP en la Asamblea Regional Martín Quiñonero denegó ayer la posibilidad de anular los permisos ambientales y el cambio urbanístico con vías a urbanizar en el paraje aguileño de La Zerrichera y pidió a la oposición que «espere al resultado de la investigación judicial en curso», y defendió el «rigor y seriedad de una modificación urbanística que era viable y realizada de acuerdo con todos los estudios ambientales».
Los grupos políticos debatieron esta cuestión a petición de la diputada del PSOE Teresa Rosique, quien pidió al Parlamento que anule el decreto que aprobó Bascuñana, que recalificó los terrenos y los hizo urbanizables. Entre tanto, la Consejería de Obras Públicas aún debe aclarar si mantiene o revoca el decreto que permite urbanizar la finca.
Quiñonero apuntó que «no puede hablarse de una modificación urbanística irregular ni de declaración de impacto ambiental ilegal cuando la normativa existente deja la puerta abierta a actuaciones como la planteada en la Zerrichera», que recordó que supone la reclasificación de un 0,75% de la superficie de más de 22.000 hectáreas del paraje ZEPA y LIC de la Sierra de la Almenara. A su juicio, «debe respetarse la investigación judicial en curso y, si ha lugar, averiguar posteriormente si de esa actuación enjuiciada se derivan responsabilidades políticas». Asimismo, Quiñonero recordó que en La Zerrichera no se ha puesto aún ni un sólo ladrillo, mientras que en la otra vertiente de la sierra, en Lorca, un gobierno municipal del PSOE autorizó actuaciones.
La diputada Rosique reprochó a Quiñonero la «escasa valentía» del PP de no pedir la nulidad de la modificación urbanística que permite sobre el papel construir en la citada zona, y subrayó que tiene conocimiento de la existencia de «informes de los servicios jurídicos de Presidencia que aconsejan que se anule esa modificación y los efectos de unos informes ambientales favorables manipulados». Asimismo, subrayó que la Ley Regional del Suelo no permite urbanizar en zonas consideradas LIC o ZEPA. José Antonio Pujante, de IU incidió en que el frustrado proyecto de La Zerrichera es «un ejemplo de un modelo fracasado» de desarrollo.
LaVerdad.es 19.09.08 P.W.R.
Francisco Javier Oñate y María del Carmen Moreno lo harán como testigos de referencia.
Francisco Javier Oñate Marín, secretario de Coordinación y número 3 del PSRM-PSOE; María del Carmen Moreno Pérez, secretaria de Organización y número 4 de esta formación; Francisco Jorquera Amador, ex concejal socialista de Águilas; y Francisca Lorenzo Ramírez, ex concejal socialista de Águilas, declararán el próximo día 24 de octubre a las 11.30, 12.15, 13 y 13.30 horas, respectivamente, en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia, como testigos de referencia en el caso Zerrichera.
Lo harán como consecuencia de la declaración del 16 de noviembre del año pasado de Ramón Román Díaz, que ratificó lo manifestado en las diligencias informativas respecto a las ofertas económicas efectuadas por Pedro Gil, dirigidas a obtener el voto afirmativo o al menos la abstención de su grupo en el Pleno municipal del 27 de octubre de 2005, hechos que podrían ser constitutivos de cohecho.El testigo, que tardó muchos meses en poner en conocimiento de la Justicia esa propuesta, de hecho no lo hizo hasta el día que prestó declaración en las diligencias informativas de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia el 18 de enero de 2007, afirma en las diligencias que comunicó entonces tales hechos a varias personas pertenecientes a su partido político el PSRM. Es entonces, por lo que se tiene en cuenta por parte de varias de las defensas la petición de declaración como testigos de José Ramón Jara Vera, Francisco Javier Oñate, María del Carmen Moreno, Francisco Jorquera y Francisca Lorenzo Ramírez.
El juez admite la petición de declaración de todos ellos a excepción de José Ramón Jara Vera, por considerar que fue «expresamente excluido por el testigo» Ramón Román. En sus razonamientos el magistrado manifiesta que aunque acudan como testigos de referencia sus manifestaciones pueden servir para corroborar en ese concreto extremo la veracidad del relato ofrecido por Ramón Román y, en definitiva, formar una convicción más completa sobre todo su testimonio. Los testigos de referencia o testigo de oídas son aquellos que declaran sobre un hecho del que han tenido conocimiento a través de otra persona.
La Caja de Ahorros de San Sebastián, que había comprado los terrenos para urbanizarlos, le mandó un requerimiento para asegurarse de que podía recuperar el dinero.
Inverlur, la inmobiliaria de La Kutxa -la Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián- exigió por escrito al empresario Trinitario Casanova que cumpliera el contrato que habían firmado sobre la urbanización de finca La Zerrichera de Águilas. El grupo vasco le requería formalmente para que garantizara que podía hacer frente a la devolución del dinero que había recibido por la venta de los terrenos. La cantidad que Casanova pudo recibir por los terrenos que se pensaban urbanizar -sobre un total de 240 hectáreas- ascendía a 128 millones de euros.
De acuerdo con los datos del sumario de la investigación de la UDYCO los que ha tenido acceso La Verdad, esta comunicación corresponde a un burofax enviado por Inverlur a Casanova el 17 de diciembre del año pasado. En aquella fecha, el proyecto de urbanización se encontraba paralizado por el Tribunal Superior de Justicia -y así sigue-, al tiempo que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, instruía el grueso de la causa contra ocho imputados, a los que se sumaron otros con motivo de la pieza separada abierta para esclarecer un presunto caso de cohecho. En este apartado se encuentra Trinitario Casanova.
Iñaki Munduate, que es la persona que envió el burofax, le expresa a Trinitario Casanova su «gran preocupación por la situación en la que se encuentra el contrato de compraventa de la finca de La Zerrichera», que fue suscrito entre las partes el 14 de octubre del 2005. El burofax se lo leyó íntegramente por teléfono a Trinitario Casanova una persona que respondía el nombre de Borja. Inverlur le recordaba que la aprobación definitiva de todos y cada uno de los documentos de desarrollo y gestión urbanística del proyecto tiene como fecha tope el 28 de febrero del 2010.
Inverlur le dio una semana.
Casanova dispuso parte del dinero.
Iñaki Munduate subraya a continuación que le «preocupa enormemente» la situación actual del proyecto recurrido, el hecho de que Casanova esté imputado y «la reducción de capital» que ha realizado el Grupo Inversor Hispania «sin motivo aparente alguno». «En la actual situación financiera, entiendo que la sociedad no se haya en condiciones de devolver las cantidades entregadas por esta parte si así se le exigiera, máximo cuando alguna de ellas, entregadas mediante pagaré, han sido ya descontadas en una entidad de crédito».
A continuación, Inverlur le requiere formalmente a Trinitario Casanova para que garantice que, en caso de incumplir su parte del contrato, puede hacer frente a la devolución del dinero. Le dio un plazo de una semana para que contestara. En caso contrario, la inmobiliaria de La Kutxa iba a realizar las gestiones necesarias «para conseguir la seguridad jurídica que desea».
Después de escuchar la carta por teléfono, Trinitario Casanova comentó: «Sí, pues nada, acojonados, vale, eso es bueno pues». Un portavoz de la Kutxa señaló ayer que no tenían nada que comentar al respecto.
La clave de las fechas.
Se archiva y luego se reactiva.
Es importante la fecha del 14 de octubre de 2005, cuando el Grupo Inversor Hispania e Inverlur firmaron el contrato de compra venta, ya que se produjo trece meses después de que el director general del Medio Natural, Carlos Brugarolas, emitiera un informe negativo sobre la recalificación de los terrenos, puesto que estaban dentro de una zona protegida como LIC y ZEPA.
El expediente fue archivado por el Ayuntamiento de Águilas, pero se reactivó en mayo del 2005, cuando el Pleno municipal volvió sobre sus pasos y aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que dejaba la puerta abierta a la recalificación de los terrenos, la cual se consumó el 24 de octubre con el informe favorable de la Dirección General Calidad Ambiental, en manos de Antonio Alvarado, y sin que mediara otro informe de la oficina competente de Medio Natural que corrigiera el primero.
El 1 de febrero del 2006, la Consejería de Obras Públicas aprobó el proyecto. Cuatro meses después, fue paralizado por el Ayuntamiento de Águilas tras un informe de la Consejería de Medio Ambiente, que había pasado a manos de Benito mercader.
44 chalés a cambio.
Los dueños no vieron ni una peseta.
Según consta en documentos oficiales, el 17 de octubre del 2005 (ocho días antes de recibir el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente y diez días antes de aprobarse la recalificación en el Pleno de Águilas) Trinitario Casanova recibió de la promotora de La Kutxa, Inverlur 5005 S.A.U, un primer pago de 23,2 millones de euros como anticipo por la compra de La Zerrichera, según consta en la escritura otorgada en Madrid el 28 de febrero del 2006, folio 7C9861331.
Ese mismo día, Trinitario Casanova vendió a Inverlur la finca por 105 millones de euros, más 16,8 millones de IVA, según consta también en escritura pública. Esta transacción se realizó quince días después de que el consejero Joaquín Bascuñana firmara la resolución que hacía los terrenos urbanizables y, por consiguiente, multiplicaban su valor. Los once socios de Alhóndiga Agrisel de Águilas que le vendieron los terrenos al Grupo Hispania a cambio de 44 viviendas han declarado que aún no han recibido «ni una peseta».
El caso de la Zerrichera es digno de un episodio de Falcon Crest: un ejecutivo autonómico que censura abiertamente al fiscal jefe del TSJ por favorecer al PSOE; unos jueces que se pasan los unos a los otros la pelota de la querella del fiscal jefe contra cinco altos cargos de la Comunidad, un alcalde y un ex concejal, todos del PP, y una caja de ahorros vasca que dice estar segura de recuperar los 55 millones de euros invertidos… Indudablemente, la vida político-judicial en Murcia adquiere tintes esperpénticos en vísperas de la campaña de las elecciones locales y autonómicas de finales de mayo.
Para añadir más leña al fuego, Trinitario Casanova Abadía (Grupo Hispania), dueño de unos terrenos en Águilas que los funcionarios y los ediles querellados pretendían recalificar, a pesar de estar protegidos como LIC y ZEPA, ha amenazado al Gobierno regional, en el que se sienta su íntimo amigo el consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, con irse a los tribunales de Justicia si el ejecutivo autonómico no culmina el proceso de recalificación, paralizado hace un año al estallar el escándalo.
La querella del fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, contra tres directores generales de la Comunidad Autónoma gobernada por el PP, un subdirector general, un jefe de servicio, el alcalde de Águilas (PP) y un ex concejal de esa localidad del mismo partido ha provocado una serie de reacciones en cadena.
Por de pronto, el portavoz del Gobierno regional, Fernando de la Cierva, ha acusado al autor de la querella, el fiscal jefe López Bernal, de beneficiar al PSOE con sus actuaciones y manteniendo que la amenaza de Casanova Abadía “es un ejemplo de que no se benefició al Grupo Hispania, ya que un amigo no querella contra otro”.
A todo esto, la querella mencionada que presentó el fiscal jefe en Lorca, cabeza del partido judicial al que pertenece Águilas, fue devuelta por el juez Juan Alcázar basándose en que los presuntos delitos más importantes –cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios– fueron cometidos en la capital de la Región, la ciudad de Murcia.
Sin que se sepa todavía, quizá esta misma semana, a qué juzgado de instrucción irá a parar la querella, un concejal del PSOE en Águilas, Ramón Román, acusa a dos antiguos compañeros suyos, Pedro Gil y Domingo Martínez –expulsados del PSOE por votar favorablemente la recalificación de La Zerrichera– de haberle ofrecido dinero en nombre de Casanova Abadía para que él también votara a favor de la recalificación.
En medio de esta vertiginosa vorágine que se vive desde el pasado miércoles, otros dos alcaldes del PP –José Hernández, de San Javier, y Antonio Tamayo, de Cieza– han visto pasar casi desapercibido el envío a los juzgados por parte del fiscal de sus presuntos delitos de falsedad en documento público y prevaricación.
La Kutxa, segura de recuperar su inversión.
Lo que sí se ha notado más ha sido una información procedente de la Kutxa guipuzcoana asegurando que esa caja de ahorros vasca piensa recuperar los 55 millones de euros que adelantó a Casanova Abadía para participar en la construcción de más de mil viviendas y campo de golf incluido en aquellos terrenos protegidos por la UE origen de todo el escándalo y posterior embrollo.
A todo esto, no se conoce a ciencia cierta, pues el presidente regional Ramón Luis Valcárcel continúa oficialmente mirando para otro lado, si el proyecto recalificador de La Zerrichera está “paralizado”, “frenado”, “rechazado” o “desestimado”.
El PSOE se frota las manos, aunque no mira de reojo a las relaciones entre sus dos ex alcaldes de Los Alcázares, Juan Escudero y José Martínez Meca, con el “capo” marbellí, el cartagenero Juan Antonio Roca, también implicado en otro escándalo en terreno recalificados por el PP en su ciudad de origen.
Y las elecciones municipales y autonómicas, a dos meses vista.
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