Si cultivar ladrillos es más rentable que cultivar melones, cultivemos ladrillos, salvo que nos vaya el masoquismo o alguna atracción malsana por los melones. Y ahora me denunciará la ministra Aído, a mí, a los que tienen melonares y a los que los palpan en el mercado de la fruta.
Perversiones aparte, creo que nadie duda de que es más rentable cultivar ladrillos que cultivar melones, por lo que esta parece una apuesta razonable para nuestra economía.
Se me olvidaba una minucia: vivimos en una región con escazez hídrica endémica. En lo que pronto serán los extraradios del Sáhara no hay agua ni para melones ni para ladrillos y los políticos andan a tortas entre los trasvases y las desaladoras.
Así que, cultivemos ladrillos o cultivemos melones, tendremos que hacerlo de forma sostenible y aquí es donde viene la dificultad. Un concepto como "sostenibilidad" en apariencia tan fácil de definir y de comprender se convierte en boca de los políticos en un comodín que utilizan a su antojo y que les da para montarnos un rompecabezas ¿Quién dice lo que es sostenible?.
Para asegurarnos el suministro del agua y evitarnos emigrar al norte a dejarlo también seco, los unos presentan informes técnicos que nos aseguran la bondad y sostenibilidad de realizar nuevos trasvases, informes que otros refutan con otros informes técnicos. Para estos, lo sostenible no son los trasvases sino las desaladoras y lo justifican con informes técnicos que nos venden las excelencias y la sostenibilidad de las desaladoras, informes que los primeros refutan con sus propios informes técnicos. Así que los ciudadanos podemos concluir que para los políticos "sostenibilidad" adquiere un nuevo significado: su capacidad para "sostenerse" en el poder a cualquier precio. Cuando los políticos nos demuestran que no tienen escrúpulos para explotar a su conveniencia política y electoralista algo tan serio y tan grave, sólo se pueden sacar dos conclusiones: primera, todos mienten (ni los trasvases son tan malos ni las desaladoras tan buenas y al revés) y, segunda, los informes técnicos que esgrimen los políticos tienen tanta solvencia como un fondo de inversiones en Lehman Brothers.
Como son los políticos los que han prostituido este inocente concepto ecológico de "sostenibilidad", no nos debería valer ningún dictamen de sostenibilidad que proceda de ninguna instancia de la administración, y me da igual que venga de la administración nacional, autonómica o local, porque ninguno será verdaderamente independiente.
Y si quienes tienen que decidir en última instancia, cuando los políticos de las distintas administraciones entran en conflicto y se tiran de los pelos, son los jueces, esta opción, a los ciudadanos con un mínimo de espíritu crítico no nos debería tranquilizar nada, porque en estos días el poder judicial está tan politizado y tan desprestigiado, que lo inhabilita a los ojos de los ciudadanos para velar no ya por nuestro medio ambiente, sino hasta por la maceta del bar que hay junto al Palacio de Justicia.
Finalmente, a muchos no se nos escapa lo bien que le viene a la oposición política explotar el tema medioambiental. No me cabe duda de que fueron los políticos y no los verdaderos ecologistas los instigadores del fundamentalismo antiladrillo. El político o el religioso engendra una causa en la que ni siquiera él cree y luego sólo tiene que dejarla rodar para que se convierta en un eslogan generacional, patriótico o fundamentalista.
Los del “Murcia no se vende” pueden darse por satisfechos, Murcia ya ni se vende ni se compra, ya no tienen que sellar con silicona la cerradura de las inmobiliarias, porque en Murcia ya ni se vende suelo urbano, ni se venden viviendas, ni se venden automóviles, ni televisores, ni ropa, ni nada. En Murcia ya sólo se vende paro y pobreza –vete a preguntar a Cáritas-.
Eso sí, los verdaderos especuladores, los que se ríen del “Murcia no se vende" porque ya la tienen comprada hace tiempo, esperan desde su búnker anticrisis a que la tormenta escampe para volver a proponer a los políticos, sean quienes sean, que les recalifiquen aquel secarral que compraron como finca rústica para venderlo como una macrourbanización sobre un vergel.
De activistas medioambientales oportunistas estamos sobrados. Greenpeace denunciaba el gasto energético que exigía mantener la mansión de Al Gore. Actores y actrices de Hollywood que utilizan como marketing personal su sensibilidad ecológica como Di Caprio, Brad Pitt, etc. -agradezco esta oportunidad de meterme con los guapos- se desplazan en jets privados en los que un sólo vuelo contamina más que lo que podemos contaminar tú y yo juntos en toda nuestra vida. Y volviendo aquí, a España, al Sur, a donde no llueve, el amigo Chaves, en plena crisis, acaba de regalar 300.000 euros del dinero de los andaluces a UGT y CCOO para que los destinen a campañas de sensibilización medioambiental. En estos días, la ecología, que sabíamos que era buena para todos, para algunos se ha convertido en un verdadero chollo, sea como herramienta de marketing personal o como excusa para de ocultar sospechosas prebendas con dinero público.
Por eso los ciudadanos a los que nos repungna la clase política y que aunque no llevemos una chapita ni una pancarta nos preocupa el medio ambiente por aquello de que no queremos dejar a nuestros hijos un mundo Mad Max, ya no sabemos a quién creer. O, para ser más exactos, ya no creemos a nadie. Termino como empecé: si cultivar ladrillos genera más riqueza que cultivar melones, cultivemos ladrillos, pero sólo hasta donde sea sostenible. Y ahora que venga algún genio a volver a definirnos qué es sostenible. Sospecho que 250 nuevas urbanizaciones en medio de secarrales no pueden ser muy sostenibles, así que es cuestión de compatibilizar el crecimiento y el progreso de una región que no puede sobrevivir cultivando melones -con permiso de la ministra Aído- con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Algo tan sencillo, van los políticos y lo enredan, y encima, como suelen hacer, nos acaban enfrentando.
La investigación afecta a urbanizaciones proyectadas o en construcción en Andalucía, Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha.
La Comisión Europea (CE) ha pedido información a España sobre más de 250 urbanizaciones proyectadas o en fase de construcción que no disponen de recursos hídricos suficientes. El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, anunció ayer la decisión de Bruselas en respuesta a una pregunta parlamentaria de David Hammerstein, eurodiputado español de Los Verdes.
Los proyectos, ubicados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana, cuentan con permiso de construcción o están pendientes de su obtención pese a no haber recibido el visto bueno de las confederaciones hidrográficas autonómicas, según explicó Hammerstein.
El responsable europeo también reclamó a Madrid un listado de “desarrollos urbanísticos rechazados por la confederación hidrográfica respectiva y que están pendientes de la aprobación”.
Asimismo, pidió al Gobierno español que explique sus planes “para garantizar el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua” de la Unión Europea, concebida para preservar la calidad y cantidad de los recursos hídricos a medio y largo plazo. Esta directiva, aprobada el año 2000, obliga a los Estados miembros a “garantizar el abastecimiento de agua potable a la población”.
Según el europarlamentario ecologista, la investigación de la CE “puede poner en entredicho legal centenares de miles de viviendas que se proyecta construir en zonas con una escasez hídrica endémica”.
Crisis inmobiliaria.
El aviso de Bruselas a España llega en plena crisis inmobiliaria, con proyectos de construcción paralizados por la crisis y muchas empresas del sector con graves problemas para dar salida a los inmuebles ya construidos. Hammerstein avanzó ayer que entre las urbanizaciones que se van a investigar figuran “muchas urbanizaciones muy grandes y muy importantes”, aunque no desveló cuáles son.
El dictamen sobre la disponibilidad de recursos hídricos elaborado por una confederación hidrográfica es preceptivo, pero no jurídicamente vinculante, ya que la Directiva Marco del Agua de la CE no entra en vigor hasta 2009. No obstante, las autoridades europeas tienen competencia para actuar contra aquellos proyectos que comprometan el futuro cumplimiento de la directiva.
La decisión de la Comisión Europea no afecta únicamente al sector de la construcción, sino que entra de lleno en la denominada guerra del agua, una lucha encarnizada que sigue enfrentando a las comunidades autónomas sin tener en cuenta su color político, ya que el esfuerzo de PSOE y PP por diseñar una política de partido con respecto al agua no termina de cuajar por los intereses contrapuestos que mantienen en esta materia las comunidades del centro y de la costa mediterránea.
▲ Foto (The New York Times): El comisario europeo Stavros Dimas
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