Considera que esta sanción 'avergüenza a todos los magistrados' de España.
Asegura que el juez 'nunca se ha dirigido a la familia ni ha reconocido sus errores'.
El abuelo de la pequeña anuncia que iniciará una huelga de hambre como protesta.
Cortés ha explicado que "a lo último que nos queríamos agarrar en esta vida es a la justicia, y nos ha defraudado".
En declaraciones a los periodistas tras conocer la noticia, Cortés se ha mostrado confiado en que la decisión se rectifique y en que haya un nuevo Consejo General del Poder Judicial "cuyo trabajo se ajuste más a las necesidades de la sociedad española".
"Este consejo pasa a la historia como el que ha escrito la página de la historia más negra de la sociedad española", ha indicado el padre de Mari Luz.
Cortés, al rememorar el caso de la muerte de su hija, ha asegurado: "Es la tercera vez que me tiembla el cuerpo y las piernas, y ha sido un golpe muy duro de aceptar", y ha añadido: "A lo último que nos queríamos agarrar en esta vida es a la justicia, y nos ha defraudado".
Así, ha instado al Gobierno central, "que es el representante de todos los españoles", a que tome la iniciativa, y ha deseado que se esté a tiempo de rectificar, "porque sería una vergüenza para toda la Justicia", al señalar el padre de Mari Luz que, la de este miércoles, es una decisión "que avergüenza a todos los jueces".
"Hemos recibido el golpe de perder a una hija, y ahora estamos perdiendo la confianza en la justicia, y no sé si nos van a quedar fuerzas para luchar contra toda una corporación, que está representada en el Consejo", ha dicho Cortés.
"Espero que se produzca una rectificación y pueda volver a confiar en la justicia, e igual que yo toda la sociedad española", ha añadido, y ha pedido al Gobierno que "quien se comprometió desde el principio a depurar responsabilidades, lo haga".
'La responsabilidad de mi muerte'.
Juan José Cortés ha lamentado además la actitud del propio Rafael Tirado en este asunto, ya que, según ha explicado, "nunca se ha dirigido a la familia ni ha reconocido sus errores", y lo ha definido como alguien "sin escrúpulos, que lo único que ha intentado es salvaguardar su sueldo y su puesto de trabajo".
En la misma comparecencia de prensa, el abuelo de Mari Luz, Juan José Cortés, ha dicho que llevará a cabo medidas de presión como encadenarse a la sede de las Cortes en Madrid, e iniciar una huelga de hambre. "La responsabilidad de mi muerte recaerá sobre el Consejo".
La decisión de la sanción al juez la ha tomado la comisión disciplinaria del CGPJ por tres votos a dos y de acuerdo con la propuesta formulada por el instructor del expediente abierto a Tirado por el órgano de gobierno de los jueces, según fuentes del Consejo.
La Fiscalía, que consideraba que los hechos constituían una falta muy grave de desatención, propuso que el juez de Sevilla fuera sancionado con la suspensión por hasta tres años, el traslado forzoso o la expulsión de la carrera judicial.
El padre de Mari Luz tilda de "vergüenza" la multa al juez Tirado.
LaVanguardia.es 05.09.08
Juan José Cortés dice a RAC-1 que es "una burla que con 1.500 euros quieran sufragar un error tan grande como el del juez".
Barcelona. (Redacción).- El padre de la niña de Huelva Mari Luz ha dicho que "es una vergüenza y una burla que con 1.500 euros quieran sufragar un error tan grande como el del juez Tirado".
Juan José Cortés se refirió así en declaraciones a la emisora RAC-1 a la multa de 1.502,53 euros que el juez instructor del expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial contra el juez de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado -que no ejecutó una condena pendiente por abusos sexuales contra el supuesto asesino de Mari Luz- propone en su informe al considerarse responsable de una falta grave.
"Espero que rectifiquen la petición del juez instructor y que se entienda que es un retraso injustificado de las condenas firmes, que es una falta muy grave que puede comportar la retirada de la carrera judicial", sentenció Cortés, quien añadió que el juez Tirado no es apto para este tipo de juicios, es reincidente. El padre de la niña asesinada recordó que el juez "en otro caso ya puso en peligro la vida de otro menor con otro retraso injustificado y lo pillaron hace años conduciendo ebrio. Pasó impune también por ello".
Juan José Cortés también opinó sobre las medidas que se van a tomar y destacó que "el único hilo que hay que fortalecer es el cumplimiento íntegro de las condenas a pederastas o la cadena perpetua condicional".
El instructor del expediente disciplinario disculpa a Tirado por "no poder prestar mayor atención" a los funcionarios tramitadores de las ejecutorias, que estaban "colapsados".
Madrid. (EUROPA PRESS).- El juez instructor del expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado -que no ejecutó una condena pendiente por abusos sexuales contra el supuesto asesino de la niña Mari Luz- propone en su informe imponer al magistrado una sanción de 250.000 pesetas (1.502,53 euros) al considerarse responsable de una falta grave.
Según explica el juez Wenceslao Francisco Olea en su escrito, no aprecia en la actitud de Tirado "especiales circunstancias que aconsejen imponer la multa más allá del grado medio".
Añade que Tirado "merece el reproche jurídico" pero destaca que "no puede silenciarse" la "actitud pasiva de otros colaboradores" como fueron la Secretaría del Juzgado, los representantes del Ministerio Fiscal e incluso la Junta de Andalucía, personada en la causa.
El instructor indica en su informe que la falta cometida por el magistrado no puede considerarse como muy grave porque lo único que puede reprochársele al juez es que "no prestara mayor atención" a la labor de los funcionarios de la sección que se ocupaba de tramitar las ejecutorias, cuyo trabajo se encontraba colapsado.
Añade que esta sección -que debía tramitar los autos de ejecución de la pena de 21 meses de prisión por un delito continuado de abusos sexuales y un año por falsedad en documento oficial impuesto a Santiago del Valle por actos anteriores a la muerte de Mari Luz- presentaba carencias debido a la movilidad de los funcionarios que la atendían y la falta de experiencia de la secretaria más antigua.
Estas incidencias funcionariales, explica, habían propiciado la existencia "de más de 600 ejecutorias que habrían de controlarse sin dejar de atender los restantes trámites".
Según el juez instructor, no puede considerarse que el magistrado de Sevilla cometiera una desatención respecto al trabajo de esta sección dado que no se le dio cuenta "de la concreta situación en que se encontraban las ejecutorias". La ejecución de las sentencias se realizaba "sin problemas por los funcionarios destinados en otras secciones" -dice el juez- que acusa a los trabajadores del Juzgado de falta de colaboración para evitar el colapso.
"Se podrá reprochar al magistrado no hacer las indicaciones oportunas al personal del Juzgado" pero no "demorar o desatender el control directo de las ejecutorias", dice el juez.
MADRID.- El asesinato de Mari Luz Cortés no es un caso más de infanticidio. A la lógica alarma social que provoca un crimen de semejante crueldad se suma el agravante de que el presunto asesino es un pederasta. Y no sólo eso. La indignación fue aún mayor cuando se conocieron los tremendos errores judiciales que permitieron al infanticida perpetrar el crimen. El 'caso Mari Luz' puso al descubierto las deficiencias de un sistema judicial lento y obsoleto.
Negligencias judiciales.
Santiago del Valle García, el presunto asesino de Mari Luz, llevaba seis años esquivando el peso de la Justicia y eludiendo la cárcel. Que se sepa, en 1998 abusó sexualmente de su hija en continuas ocasiones. Un juez de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, tardó cuatro años en considerar probados los abusos y condenó al pederasta a dos años y nueve meses de prisión. La defensa del acusado recurrió ante la Audiencia Provincial de Sevilla y ésta tardó tres años en confirmar la sentencia.
Cuando el Juzgado número 1 de lo Penal de Sevilla intentó contactar con el procesado, éste ya no vivía en la capital andaluza y fue declarado en paradero desconocido. En realidad se había trasladado a Gijón con su mujer, donde acosó a otra menor y fue detenido, juzgado y condenado por ello. A su historial delictivo y judicial se sumaba otra condena por tocamientos a una niña de Sevilla, pero como la primera condena aún no era firme, la falta de antecedentes le permitió seguir en libertad. La impunidad de sus abusos le permitía seguir actuando.
Lentitud policial.
Las primeras horas después de la desaparición de Mari Luz fueron frenéticas para la familia de la pequeña. No así para la Policía. Juan José Cortés, el padre de la pequeña, en compañía de uno de sus hermanos, irrumpió en el domicilio del asesino la misma tarde del fatídico 13 de enero. Echaron abajo la delgada puerta de aluminio tras la que se escondían Del Valle, su mujer y su hermana, y buscaron por toda la casa. A pesar de la tensión del momento, el pederasta se mantuvo frío y sereno. Negó las sospechas de la familia Cortés y pidió protección a la Policía. Todos los vecinos de El Torrejón conocían ya los luctuosos antecedentes del pederasta, pero los agentes no le dieron importancia.
La mañana del 14 de enero, cuando la Policía decidió dar por válidas las sospechas de los Cortés, Santiago y su mujer ya habían huido a Sevilla. El 17 de enero fueron localizados y detenidos en Granada, pero pocas horas después volvían a estar en libertad por falta de pruebas. Junto a la hipótesis del crimen pederasta, la Policía barajaba el secuestro por venganza. Así que siguió investigando. Cuando el 7 de marzo fue encontrado el cadáver de Mari Luz se precipitaron los hechos. La Policía volvió a repasar las coartadas de los únicos sospechosos hasta el momento y, tras localizarlos en Pajaroncillo (Cuenca), decidieron interrogarlos de nuevo. Viéndose acorralada, la mujer de Santiago desmontó la coartada de su marido. Habían pasado 72 días desde la desaparición de la niña.
Vergüenza e indignación.
La detención del presunto asesino puso rostro y apellidos a un pederasta con numerosos antecedentes y sacó a la luz pública el cúmulo de despropósitos que permitieron a un delincuente habitual no pisar la cárcel ni un solo día. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una investigación por la actuación de los jueces en el pasado, María Teresa Fernández de la Vega admitió que el asesinato de Mari Luz se debió a un "gravísimo error judicial" y que "el Estado y el Gobierno no podían permitir estos fallos del sistema", y el PP culpó al Gobierno del descontrol de la Justicia que llevó al 'caso Mari Luz'.
Todas las miradas apuntaron al juez que condenó a Santiago en 2002 y que nunca ejecutó la sentencia. Rafael Tirado Márquez, titular del Juzgado número 1 de lo Penal de Sevilla, se defendió culpando a una funcionaria que, según el magistrado, estuvo cinco meses de baja. Pero la Junta de Andalucía desmintió al juez y aseguró que ningún funcionario de este juzgado estuvo dicho tiempo de baja. El CGPJ extendió la investigación sobre el 'caso Mari Luz' al magistrado de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, Javier González, que tardó tres años en confirmar la condena impuesta a Del Valle por abusar de su hija.
Responsabilidades políticas.
Tras enterrar a la pequeña Mari Luz, conocer la detención de su presunto asesino y verlo llegar a Huelva, la familia Cortés tuvo que hacer frente a la peor de las evidencias: la muerte de Mari Luz pudo haberse evitado. Juan José Cortés, el padre de la pequeña, aseguró que exigiría responsabilidades al Gobierno y pidió explicaciones al presidente del Gobierno. En declaraciones realizadas a elmundo.es, Cortés culpó al Estado de ser "responsable indirecto del asesinato" de su hija. Ese mismo día, José Luis Rodríguez Zapatero llamó por teléfono a Juan José Cortés para prometerle que se llegaría "al fondo de la investigación".
De la indignación se pasó al debate nacional sobre las penas aplicadas a los delincuentes sexuales. La familia de Mari Luz exigió cadena perpetua para el asesino de la pequeña y, aunque el Gobierno se mostró en contra de una medida que "choca con la Constitución", no descartó adoptar otras medidas como la creación de un registro de pederastas que permita controlarlos.
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