La crisis lleva al borde de la quiebra de los muncipios.
LaVanguardia.es 06.09.08 Jaume V. Aroca
La situación económica precipita la caída de los ingresos en las arcas municipales que ya amenazaban ruina. El Gobierno advierte que no habrá más dinero en los presupuestos del 2009. Los ayuntamientos confían en que Solbes revise los límites para que puedan endeudarse.
Dos trenes circulan en dirección opuesta, por la misma vía y acelerando. Un tren se llama caída en picado de los ingresos tributarios, el otro se llama incremento de la demanda de los servicios personales (ayudas a las familias, becas escolares, atención básica a los desempleados…). En el punto de colisión están los ayuntamientos de toda España que amenazan la quiebra técnica.
A corto plazo, el único alivio que otean en el horizonte los 8.000 municipios del Estado es que el Ministerio de Economía les otorgue en octubre, en el debate presupuestario, un mayor margen para el endeudamiento que ahora tienen restringido por la ley de Estabilidad. Esto es, chutar la pelota adelante porque el Estado ya les ha dicho a los alcaldes que, al menos en lo que de él depende, no habrá dinero de más este año.
La agenda de reformas de la España plural de Zapatero incluía el cambio del modelo de financiación de los ayuntamientos, sólo alterado parcialmente en los últimos treinta años y casi siempre en detrimento de los municipios.
Pero este compromiso, al igual que la quinta revisión del sistema de financiación autonómica derivada de la aprobación de la nueva generación de estatutos de autonomía - el catalán es el primero pero no el único que apremia la revisión-, ha embarrancado en el mar de la cruda realidad: la crisis económica.
Hace ahora un año los alcaldes de los municipios españoles preveían un horizonte razonable: en el 2009 se iba a renovar el modelo de financiación local, pero además contaban con el compromiso del Ejecutivo socialista de incrementar en los presupuestos generales del Estado la aportación a los municipios. La iniciativa, además, contaba con el consenso de los grandes partidos, PSOE, PP e IU, que, a diferencia de lo que ocurre con el modelo autonómico, guardan una razonable sintonía en el terreno de lo local. Al menos, así ha sido hasta ahora.
La realidad se impone: el último mensaje enviado a los municipios desde la madrileña calle Alcalá - sede del Ministerio de Economía- es que en el presupuesto del 2009 no se va a incrementar la aportación del Estado a los ayuntamientos. Habrá 1.000 millones más a repartir entre todos los municipios, pero, de hecho, esa cantidad se deriva de los atrasos en las liquidaciones de periodos anteriores. La reforma del modelo queda para el 2010. Y ya veremos en qué acaba.
La crisis se lo lleva todo por delante. Hasta que los municipios liquiden sus presupuestos y estas cuentas se agreguen a la contabilidad nacional es difícil cuantificar con precisión qué repercusiones tendrá la severa dieta de la economía en las cuentas municipales. Pero sólo hace falta ver la cara de algunos alcaldes para hacerse una idea del drama. No hay dinero. El alcalde de Sabadell y presidente de la Federació Catalana de Municipis, Manuel Bustos, expresaba el jueves su extrema preocupación a La Vanguardia."El escenario es muy complicado y muy preocupante. Nuestras demandas crecen exponencialmente y no hay una respuesta positiva por parte del Estado". Bustos echa cuentas en su propio municipio. Su servicio de atención al empleo ha visto cómo las demandas de ayuda y orientación se han multiplicado en los últimos tres meses. Sólo este agosto - un mes aparentemente poco activo- ha subido un 65% respecto del 2007. El mes anterior casi se habían duplicado. "Toda esta gente, vendrá en primer lugar a su Ayuntamiento a pedir ayuda".
Bien es cierto que los ayuntamientos han vivido bien en los últimos años. Si la economía española es ladrillodependiente, la de los ayuntamientos en particular no lo ha sido menos. Los municipios se han beneficiado en dos sentidos: vía impuestos y a través de la enajenación del suelo que les correspondía de las operaciones urbanísticas. Esta bonanza les ha permitido encajar la explosión migratoria de los últimos años sin demasiados problemas y también les ha dado margen para abarcar unas posibilidades de gestión que, en condiciones normales, no podrían asumir. La ingeniería financiera en los ayuntamientos no tiene nada que envidiar a la que se practica en otros ámbitos del sector privado, admiten los economistas. Pero ahora la situación se invierte. La sobredimensión es un lastre.
Ante esta coyuntura la posición política de los alcaldes va por barrios. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Pedro Castro, ha asumido, aún a regañadientes, que han de apretarse el cinturón tal y como ha sugerido el ministro Solbes. Los alcaldes del PP, sin ataduras políticas que les obliguen a ser leales el Ejecutivo, cargan contra el ministro sin ambages. En esta batalla, sin embargo, los alcaldes no juegan sólo en las alineaciones de partido. Cada cual tiene sus propios intereses. Barcelona, con unas cuentas relativamente saneadas, no tiene las necesidades de otros acuciados por algunos aprietos financieros inaplazables. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y el de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, parecen decididos a liderar sendos frentes, por ahora con escaso éxito de convocatoria.
Los ayuntamientos españoles gestionan el 12,4% del gasto total del sector público. Con estos recursos hacen frente a servicios que muy a menudo no les corresponderían. Hace algunos años, un trabajo encargado por los propios municipios cifró en 7.000 millones de euros el dinero que gestionan en prestaciones que, de hecho, deberían ofrecer otros niveles de la administración.
Un buen ejemplo de ello son las guarderías municipales, que en teoría deberían quedar bajo la tutela de las competencias de educación de las comunidades. Pero no es sólo la administración autonómica: el Estado también repercute económicamente con sus decisiones políticas sobre los municipios. El ejemplo más claro de este perverso efecto cascada es la ley de Dependencia, que ha acarreado no pocos problemas a los municipios desabastecidos de recursos para cubrir las expectativas. El vecino no duda en acudir, antes que nada, a ver su alcalde para que resuelva sus problemas.
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